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USAC: en aprietos (I).

(Publicado por Siglo 21 en febrero 2013)

Cuando se habla de un personaje público o de una persona famosa es casi imposible dejar de referirse, para bien o para mal, las organizaciones a las que pertenezca.   Todavía más difícil es formular juicios de valor sobre organizaciones a las que pertenezcan muchas personas sin que los mismos las alcancen de un modo u otro.  Y es que la Universidad de San Carlos de Guatemala es una abstracción que representa o evoca múltiples ideas, personas, circunstancias, hechos históricos y dinámicas político-sociales. Si se piensa en términos jurídicos, por ejemplo, puede afirmarse que la USAC es una “persona” distinta de las de sus autoridades, profesores, administradores y estudiantes y que la USAC “tiene derechos” y “contrae obligaciones”, etcétera.  Pero cualquier estudiante de primer año de Derecho puede explicar que esto no es más que una ficción jurídica.  Y, en efecto, a un nivel menos formal es necesario reconocer que la USAC es una idea que engloba unas reglas de organización que definen unos fines y unos medios para realizarlos por un grupo más o menos numeroso de personas.  En ese sentido, ninguno de ellos, por sí solo, es la USAC, pero todos ellos lo son de algún modo o en cierta medida.

Yo he sido profesor en algunas ocasiones en la USAC y, probablemente, eso me haga partícipe de esa idea –la de USAC—y, como el resto de los ciudadanos que pagamos impuestos, contribuyo indirectamente a sufragar su funcionamiento.  Además, las decisiones que adoptan sus autoridades, cuando participan en un número importante de comisiones de postulación de funcionarios públicos, también me afectan como ciudadano.  Por supuesto, esto también es verdad en la parte que a las universidades privadas concierne, tanto porque están exentas de pagar impuestos, arbitrios y contribuciones como porque concurren con la USAC a integrar dichas comisiones de postulación. Sin embargo, las universidades privadas no reciben fondos públicos de manera sistemática (quizá sean beneficiarias alguna vez de un terreno o cosas parecidas) y, por consiguiente, sus estudiantes –o sus padres—deben costear la mayor parte de sus carreras.

Todo esto viene a cuento porque el pasado 1 de febrero las autoridades de la USAC y algunas de sus colectividades, como sus sindicatos y asociaciones de docentes, sus jubilados y estudiantes, publicaron una carta abierta al Presidente de la República exigiéndole, principalmente, dos cosas: una, que cumpla con el mandato constitucional de entregarle a la USAC el 5% del Presupuesto General de Ingresos del Estado, y otra, que respete su autonomía para decidir el destino de su presupuesto.

Creo que esa situación es propicia para compartir algunas reflexiones con los lectores de este diario sobre la USAC, las justificaciones del régimen del que ha gozado desde la promulgación de la actual Constitución y sobre cuál pueda ser su futuro, como consecuencia de eso mismo.  Regresando al principio de esta nota, no lo haré en referencia a las personas que actualmente la dirigen o que en ella enseñan o estudian, sino a la idea básica que las aglutina.

Eduardo Mayora Alvarado.

@Vientomares

 

Publicado enArtículos de PrensaJurídicosPolítica

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