(Publicado por Siglo 21 en julio 2013)
En algunos artículos de opinión y también en algunos reportajes sobre la situación de las áreas rurales de Guatemala, sus autores identifican su falta de desarrollo con hechos y circunstancias del pasado. Algunos se remontan hasta la conquista española, otros al régimen colonial y, todavía otros, a la Reforma Liberal. El común denominador de buena parte de esos artículos es que esas tres etapas de nuestra historia supusieron una situación de usurpación-disrupción. Es decir, se afirma o se implica que antes de cada una de esas etapas los campesinos tenían tierras y las cultivaban dentro de un cierto orden que, tanto económica como ecológicamente, era fructífero. Empero, los conquistadores, los colonizadores y los liberales usurparon a los campesinos de esas tierras y, además, destruyeron aquel orden fructífero y armónico con los recursos naturales. Casi nadie exige las pruebas de tal cosa, pero en fin.
Como consecuencia de esa comprensión de los antecedentes históricos, las izquierdas del país han propugnado, por lo menos desde hace unos ochenta años, por una redistribución de la tierra en el país. Creo que esa visión de las cosas ha tenido consecuencias importantes, a tal punto que, en cierto modo, se ha impuesto. En efecto, generación tras generación, el Estado de Guatemala ha invertido recursos nada despreciables por medio de instituciones tales como el INTA, el BANDESA o el FONTIERRAS, en la idea de la redistribución de la tierra. Pero como eso no ha funcionado, ahora se ha presentado la iniciativa de Ley de Desarrollo Rural Integral. Y, ¿cuál es la idea fundamental detrás de esta iniciativa? Pues, de acuerdo con el artículo 10: “La Política Agraria reformará y democratizará el régimen de uso, tenencia y propiedad de la tierra, desincentivando su concentración mediante la dotación y otros mecanismos de acceso a la tierra…”
¿Cuánto de realismo o cuánto de populismo hay detrás de esa iniciativa? Como es bien sabido, la Constitución Política contempla la expropiación de la propiedad privada por motivos de utilidad colectiva, beneficio social o interés público, debiendo indemnizarse al propietario con base en el “valor actual” del bien expropiado. Por otro lado, 5% del presupuesto nacional ya va para la USAC, otro 3% está asignado al deporte; para las municipalidades, un 10%; para el Organismo Judicial, un 2% más; el IUSI tampoco está totalmente disponible; el impuesto que grava los combustibles, está para los caminos y el que el que recae sobre el tabaco se destina para sufragar los servicios de salud. Las clases pasivas del Estado se tragan un buen pedazo del pastel y la deuda pública engulle como el 25%. Al mismo tiempo, la población clama por seguridad, lo cual implica más policías, armas, patrullas, sistemas, etcétera; la desnutrición infantil es un escándalo y es un imperativo aportar más fondos; en el sector educativo se exigen más maestros, mejor pagados y escuelas adecuadas. ¿Y las infraestructuras para ser competitivos y… ?
Pero hay otro problema: nadie está dispuesto a ceder nada del pedacito o pedazote de presupuesto que ya le toca.
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