Suponga, estimado lector, que hubiera sólo diez diputados al Congreso de la República. Cada uno de ellos representaría casi a un millón de ciudadanos en las próximas elecciones y difícilmente habría más de dos partidos políticos representados en nuestro órgano democrático por excelencia.
Si nuestro sistema fuera bipartidista, como el de los Estados Unidos de América, por ejemplo, probablemente esta situación no sería tan problemática. En ese sistema gana el candidato que, para cada distrito, obtenga una mayoría simple y los demás quedan fuera, pues de nada sirve quedar de segundo o de tercero en la lista.
Nuestro sistema, empero, es de representación proporcional de las minorías y, claro está, con sólo diez diputados es imposible que las mismas quedaran representadas, a excepción de las que votaran por el partido que sacara menos de cinco diputados. Por otro lado es verdad que si el Congreso fuera integrado por apenas diez diputados, su coste financiero sería bastante menor pero, ¿cuánto se perdería en términos de representación democrática?
Es un hecho lamentable que durante el último cuarto de siglo la imagen pública, reflejada por los medios de comunicación social, haya ido de mal a peor en lo que a nuestros representantes parlamentarios se refiere. Encima, rara vez se distingue entre los diputados que valen y los que no. Sin embargo, si en lugar de 158 fueran 80, por ejemplo, las cosas ocurrirían más o menos del mismo modo a como acontecen ahora, excepto porque los partidos menos votados actualmente (más o menos cinco o seis de los catorce) dejarían de estar representados en el Congreso. ¿Es eso mejor o peor? La respuesta depende de hasta qué punto los partidos que quedaran en la jugada reflejaran, razonablemente, las preferencias electorales de una vasta mayoría de ciudadanos.
Otra cuestión compleja es la del financiamiento “estatal” de los partidos políticos. Ésta ha ido en aumento y así seguirá, simple y sencillamente porque son los mismos partidos políticos los que la aprueban. Ahora bien, en realidad dicho financiamiento se aporta por cada contribuyente y, por consiguiente, ¿no sería justo que cada vez que se pague impuestos uno indique a qué partido quisiera favorecer con la parte que le toque? A las declaraciones juradas de renta y a las copias de los recibos del IUSI, por ejemplo, pudiera añadirse un espacio en blanco para que allí se consigne a qué partido deba entregarse la respectiva contribución (forzosa, por supuesto) según lo indique cada contribuyente. Si se procediera de ese modo, los ciudadanos podrían apoyar, trimestre tras trimestre, al partido de su predilección y de acuerdo con su desempeño y proyección política. ¿Que esto es muy complicado? Con las computadoras de hoy, no.
Por último, puede ser que convenga fortalecer al Tribunal Supremo Electoral, pero mientras el amparo siga siendo un medio sistemáticamente empleado para dilatar y enredar todo tipo de procesos administrativos o judiciales, los efectos de ese esfuerzo serán, me temo, muy limitados.
Eduardo Mayora Alvarado.
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