Una vez más se nos propone por el Gobierno un proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Gastos abultado y dependiente de un notable incremento de la deuda pública. Pero el problema no termina en el hecho de que sea bastante probable que la recaudación fiscal será, otra vez, insuficiente para financiar el saldo, sino en la cadena de pobreza que se genera a partir de la asignación de recursos escasos para usos ineficientes.
Pero primero debe insistirse en negar la falacia de que, en este país, se pagan muy pocos impuestos. No es verdad. Nuestro sistema fiscal es bastante parecido al de otros países de la región. El problema que aquí se presenta es que es un grupo relativamente reducido de empresas y de empleados en relación de dependencia que, básicamente, detienen la peña. Los pocos profesionales que pagan impuestos soportan un régimen relativamente favorable, siendo el principal problema la masiva evasión de Impuesto Sobre la Renta y del IVA entre ellos.
Volviendo al Presupuesto, la cuestión que los ciudadanos deben plantearse es qué le conviene más a cada uno de ellos. ¿Les conviene más que, digamos, unos cinco millardos de quetzales queden en manos de empresarios, profesionales y trabajadores, o que les sean entregados a los políticos?
Algunos creen que, en lugar de entregarle cinco millardos de quetzales más a los políticos para que sean malgastados o malversados, es mejor dejarlos en manos de los contribuyentes. Sin embargo, el problema no estriba en que esos fondos sean objeto de la ya crónica ineficiencia gubernamental o de los imparables casos de corrupción. No. Incluso si esos fondos se utilizaran con cierta diligencia y probidad, todos y cada uno de los habitantes de este país (menos los que meten la mano en la olla de los presupuestos) salen perdiendo por el hecho de que se trasladen esos recursos al sector público.
Efectivamente, esos cinco millardos de quetzales hubiesen llegado, en el sector privado, por las vías de la inversión o del ahorro, al proceso productivo. Así, se hubiesen generado empleos igualmente productivos, directamente en las empresas inversoras o en otras, proveedoras de financiamiento, como los bancos; proveedoras de insumos y bienes de capital; suministradoras de servicios comerciales, logísticos o tecnológicos, en fin, una interminable cadena. Esos nuevos empleos y esos nuevos negocios hubiesen generado, además, nuevos impuestos.
El hecho de que el Gobierno se anime a proponer otro presupuesto sobreestimado se explica porque sabe que cuenta con el apoyo político de grupos de presión poderosos, como los sindicatos estatales o ciertos grupos de contratistas del Estado, por ejemplo. Además, la mayor parte de formadores de opinión pública, increíblemente, piensan que es mejor que una familia pobre reciba, por ejemplo, una subvención estatal que no una nueva oportunidad de empleo; es decir, realmente creen en la comprobada farsa de la capacidad redistributiva del gasto público, como medio sostenible para mejorar el nivel de vida de las grandes mayorías. Son mitos carísimos, sobre todo, para los más pobres.
Eduardo Mayora Alvarado.
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