Dice un antiguo dicho que “tanto va el cántaro al agua que al fin se rompe” y eso es lo que ha pasado con el sindicalismo de los funcionarios públicos. Fue “demasiado al agua”, de la mano de estrategas políticos que firmaron alianzas inconfesables con los líderes sindicales, a cambio de su poder, sus votos, de su sustento político.
El ciudadano medio, desorganizado, sin suficientes incentivos para informarse y reaccionar, un buen día tomó las calles para decir “¡basta de tanta corrupción!” y, claro, una de las manzanas podridas de esa lacra social y política es, precisamente, el sindicalismo estatal.
El sindicalismo de los funcionarios públicos es especialmente problemático porque, a diferencia del sindicalismo en las empresas privadas, la contraparte, es decir, un Ministro o sus negociadores, compromete los recursos “del Estado” y no los de unos accionistas o de un patrono que le va a pedir cuentas exactas e inmediatamente.
El Ministro que firma esos pactos colectivos leoninos en la práctica no responde ante nadie porque, por ejemplo, los propios diputados al Congreso, que debían fiscalizar estos excesos, han aprobado similares aberraciones laborales.
En el sistema del Servicio Civil, es decir, del conjunto de los funcionarios (no debiera ya hablarse de “empleados”, porque todos ejercen funciones públicas) de todos los rangos cuya profesión se desarrolla en algún órgano o dependencia estatal o paraestatal, el sindicalismo y la huelga carecen de justificación lógica.
El Servicio Civil interesa a todos los ciudadanos y sectores. Nadie gana con pagarle menos o pagarle mal a un funcionario público. Ante unas administraciones públicas que no puedan atraer al mejor talento para cada cargo y retenerlo con un nivel de motivación adecuado, no hay beneficiarios. Todos pierden cuando las administraciones públicas están en manos de funcionarios mal pagados, desmotivados, sin las competencias necesarias para descargar sus funciones públicas.
Y para evitar todo lo dicho arriba, la Ley del Servicio Civil debe articular unas técnicas de contratación, promoción, bonificación, fiscalización, sanción y de jubilación de los servidores públicos que garantice el ejercicio de una carrera digna de alto nivel técnico o profesional. Con un enfoque de ese tipo, ¿qué objeto tiene el sindicalismo, qué sentido tiene la huelga?
No niego que los funcionarios públicos corran algunos riesgos que no siempre pueden preverse en el régimen legal del Servicio Civil, simplemente porque las leyes son obra humana y por tanto, imperfectas. Pero para resolver esos riesgos está el proceso político y no la huelga. ¡Tiene que quedar claro que los beneficiarios últimos de los servicios de los funcionarios públicos son los ciudadanos! El patrono no es un ministro, un partido político o un gobierno, no, ¡es usted, ciudadano!
Hoy en día, cuando hay técnicas sofisticadas para la indización de los salarios y demás prestaciones laborales, cuando hay sistemas sumamente exactos para la medición del desempeño de todo tipo de profesional o técnico, cuando puede determinarse con exactitud cuál es la remuneración media de cualquier actividad, ¿qué pinta el sindicalismo en el Servicio Civil?
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