El Presidente electo Morales, a quien no tengo el gusto de conocer y menos pretendo faltarle al respeto tomándome la confianza de llamarlo por su primer nombre, apenas ha empezado su andadura como jefe de Estado y ya está rodeado, siendo el nuestro un sistema neomercantilista, de todo tipo de exigencias, demandas, peticiones, recomendaciones y ruegos de un sinnúmero de grupos y organizaciones. Paradójicamente, la voz que va a serle muy difícil escuchar al Presidente electo es la del pueblo o, mejor dicho, la de esos ciudadanos desorganizados que, en una pequeña porción pagan, cada uno, por los privilegios, las ventajas y los favores especiales del poder que, desde ya, ha heredado el nuevo mandatario.
Uno de los aspectos más interesantes y más desconcertantes del neomercantilismo es el hecho de que los ciudadanos desorganizados no solamente pagan el coste de todos los beneficios que salen de la cornucopia estatal, sino que además los apoyan. Parece paradójico, pero responde a una lógica económica, o praxeológica si se prefiere, impecable.
En efecto, los diversos grupos organizados persiguen, cada uno, cierto tipo de beneficio que sólo el Estado puede conferir. Llámese subvención, proteccionismo, exención fiscal, concesión exclusiva, barrera a la entrada, renta, o lo que fuere, ese beneficio tiene un valor estratégico para el grupo organizado y, para los políticos que diseñan cada “paquete”, la contrapartida viene dada por el apoyo directo o indirecto del grupo organizado que, tarde o temprano, se convertirá en un mayor caudal electoral o en algún medio, financiero o de otro tipo, para conseguir un mayor caudal electoral.
Tanto para el grupo organizado como para los políticos que fabrican el paquete el valor de sus respectivos beneficios es importante pero, por supuesto, es imposible, sin destruir la magia del neomercantilismo, revelarlo así a los ciudadanos. De ninguna manera. En lugar de eso, los encargados de “socializar” el proyecto preparan el discurso público y los mensajes mediáticos que, en su conjunto, presentarán el paquete como algo deseable para “el país”, “la economía nacional”, “el desarrollo del sector X”, “la generación de empleo”, “la promoción de la cultura nacional”, etcétera.
Y, siendo racional, cada ciudadano desorganizado que ignora que, en una pequeña medida, con cargo a algún impuesto que paga, a algún precio que paga, a algún servicio o algún producto de peor calidad que recibe, a una mayor inflación, pues, ingenuamente, ¡apoya la medida de conferir el paquete! El pobre ciudadano piensa que no es él, sino el Estado, el que paga la factura y, como no es mezquino, ¿por qué oponerse?
Pero la suma de todos y cada uno de esos beneficios termina siendo significativo, además, porque la asignación de recursos en la economía, se distorsiona. En defensa del sistema algunos dicen: –se hace así en todas partes; es imposible desarrollar ciertas actividades sin un impulso inicial; hay sectores de población que, por sí mismos, simplemente no pueden salir del estado en que se encuentran. En mi opinión, esta última es la única justificación válida para conceder algún beneficio que, en ese caso, debe hacerse transparentemente.
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