El presupuesto «regadera».

(Publicado por Siglo Veintiuno 4/XI/2010)

Con el paso del tiempo he visto menos de aquellas regaderas de mano, las de latón que terminan en un tubo que se abre a una tapa perforada con muchos y pequeños agujeros.  De ese modo cada uno de los chorritos de agua sale sin fuerza y no hace daño a los pétalos de las flores, siempre tan frágiles.

Del Presupuesto General de la Nación se ha hecho una metafórica regadera. Tanto a nivel constitucional como también legal y por distribución gubernamental. En la Constitución ya se separa el 3% para el deporte; el 5% para la Universidad de San Carlos; una cantidad indeterminada para los Consejos de Desarrollo; un 10% para las municipalidades y, por supuesto, un 2% para la justicia (tanta generosidad conmueve). Pero además la Constitución establece y ordena múltiples órganos e instituciones que naturalmente deben financiarse con cargo al Presupuesto. A nivel legal ya se dispone con carácter de regla general de buena parte de varios tributos: del de circulación para las carreteras; del IVA para la paz; del de productos de tabaco para la salud pública…

Como si todo lo anterior fuera poco, durante los últimos veinticinco años, si bien con altibajos, se muestra una tendencia clara a abrirle más agujeros y más pequeñitos a la regadera.  Lejos de razonar en términos de cuáles son los problemas y desafíos del país que deben atenderse de manera prioritaria, concentrando en esos aspectos lo poco que queda después de cubrir el funcionamiento de las diversas burocracias estatales (algunas de ellas tan ineficientes que sería mejor pagarles para que no hagan nada), los fondos públicos se gastan en una notable gama de programas e instituciones superfluas.

Así, el Estado de Guatemala cuenta con un organigrama estatal comparable al de cualquier país desarrollado del mundo y al lado de la administración central hay una verdadera constelación de administraciones descentralizadas (de nombre, al menos). Desde institutos de capacitación técnica hasta institutos de ciencia y tecnología; desde el cultivo de la música hasta la generación de energía eléctrica; desde la banca estatal y mixta hasta el fiasco del RENAP; desde academias de lengua hasta federaciones deportivas (de una notable variedad de disciplinas), el sector público de Guatemala lo abarca casi todo.

El “pero” es que entonces los presupuestos públicos al fluir por las docenas de agujeritos de la regadera, apenas alcanzan para niveles de mera subsistencia. Pero no solamente de los programas superfluos o de relevancia secundaria, sino también de los órganos e instituciones de la más fundamental importancia para la vida del Estado. Así, la Policía Nacional Civil está en ruinas porque tiene que competir por recursos con la música, el deporte, los museos, los institutos, etcétera. La justicia apenas se sustenta porque compite por recursos con la universidad del Estado y la generación de energía eléctrica subvencionada, por ejemplo.

Gracias a que los recursos lleguen tan escasos para la PNC y el Poder Judicial, como también para la Contraloría General de Cuentas, la regadera tiene todavía otros agujeros. Son agujeros más grandes, muchas veces, que los que nutren el presupuesto de un modesto juzgado de paz en el interior de la República.  Son los agujeros de la corrupción.

Eduardo Mayora Alvarado.