La seguridad enfocada como uno de los deberes del Estado.

(Publicado en Siglo Veintiuno el 25/XI/2010.

Muchos enfocan el problema de la falta de seguridad personal en el país en términos combatir con la fuerza a las manifestaciones de los criminales, que lo son también de fuerza.  A la violencia delincuencial oponer la violencia estatal.  A la intimidación y coacciones de las pandillas, maras y narcotraficantes, la intimidación y coacciones del Estado.

El tema, empero, es otro: a la fuerza ilegítima, a la violencia delictiva, a la amenaza criminal han de oponerse la Ley, el orden y la justicia.  Es decir, las tres grandes promesas del Estado: sustentar los órdenes sociales mediante leyes que se hacen valer por medio de un sistema de justicia.

Esas promesas se convierten, al ser constitucionalizadas, en fines y deberes fundamentales del Estado y deben manifestarse de forma muy concreta para poder alcanzarse y cumplirse.  En primer lugar, por medio de la policía; en segundo lugar a través de la promoción de la acción penal; y por último mediante el enjuiciamiento de los responsables y la aplicación de las penas que correspondan.

Esa visión por la cual se oponen a la violencia delictiva la Ley, el orden y la justicia como promesas, fin y deberes básicos del Estado aquí, realmente, brilla por su ausencia.  No se enfoca en ello la atención de los líderes políticos o gubernamentales, no se articulan las técnicas ni se aportan los recursos necesarios para que la PNC, el MP, los tribunales y el sistema penitenciario operen adecuadamente.

En parte, seguramente, porque no se percibe por los estrategas políticos que los votantes remunerarán con sus preferencias a los candidatos del partido, en pate, también, porque no se comprende que la prosperidad de la sociedad y del Estado mismo dependen más del cumplimiento de esas promesas y de la realización de esos fines, que de las otras mil actividades superfluas en que nuestro sistema jurídico-político ha embarcado al Estado guatemalteco. En parte, por último, porque hay muchos que medran de la situación engendrada por unas instituciones (las directamente responsables de hacer valer la Ley, mantener el orden y hacer justicia) más o menos decorativas.

Al agente de policía no se le mira ni se le concibe como quien actúa en nombre del Estado al nivel de las calles, por así decirlo.  No se le entiende como quien está para hacer valer la Ley y respetar el orden en nombre del Estado.  Al policía se le concibe como quien puede ejercer una cierta fuerza pública en contra la fuerza de los delincuentes.  Pero insisto: el tema no es que los policías puedan llevar una pistola más potente, sino que formen parte de una organización pensada, organizada y dotada para hacer valer la Ley y mantener el orden, porque es eso lo que el Estado le ha prometido a sus ciudadanos; porque esos son sus fines y también sus deberes fundamentales.  En el Estado de derecho, la policía debe entenderse como uno de sus pilares básicos, pero en Guatemala no se la entiende más que como “fuerza pública”… A los fiscales y a los jueces se les mira, tristemente, como parte de unas burocracias como cualquier otra y no como los otros eslabones de un sistema organizado para cumplir las promesas fundamentales del Estado.  Por eso se mantiene a todo el sistema de justicia en una situación tan precaria que da pena.

Si tuviera interés de debatir conmigo sobre éste y otros temas, lo espero en www.eduardomayora.com.

Eduardo Mayora Alvarado (www.eduardomayora.com) .