(Publicado en Siglo Veintiuno el 6 de enero de 2011)
A mí no me consta que la señora Sandra Torres de Colom vaya a ser la candidata oficial. Muchos opinan que sí, pero es un hecho que todavía está por verse. Primero porque ella no ha afirmado pública y expresamente que esa sea su voluntad y segundo porque, como también es bien conocido, si esa fuera su aspiración es probable que más de alguna persona o institución cuestionara la viabilidad constitucional de su candidatura.
Pero a los efectos de esta nota todo eso es indiferente. Aquí me refiero a una situación que ha de suscitarse independientemente de quién sea el futuro candidato o candidata del partido oficial.
El punto es que apenas van tres días hábiles de este año y ya ha habido bloqueos de carreteras, protestas callejeras de empleados del RENAP (como si hubieran brindado un gran servicio a la patria…), terrorismo en el transporte público, impugnaciones del PDH contra las modificaciones del IGSS en cuanto al régimen de los pensionados, y todo ello sumado a la violencia criminal (que es totalmente falso que sea “imparable”), a las docenas de manifestaciones de anarquía (como en el tráfico vial o en los cien tipos de abusos de los espacios públicos de uso común) que forman parte de la “rutina” en este país.
Para enfrentar todos esos problemas con determinación y coherencia, el Gobierno tendría que tomar decisiones y adoptar no pocas medidas impopulares. Los resultados benéficos de muchas de esas medidas difícilmente se presentarían oportunamente desde un punto de vista electoral y, por supuesto, el o la candidata oficial y el propio partido tendrían que optar por distanciarse del Gobierno para no dañar sus probabilidades electorales, o bien apoyar al Presidente perdiendo posiciones y el respaldo de sus bien conocidos aliados.
Ahora bien, mi impresión es que durante los tres primeros años de este gobierno el Presidente y su equipo han tendido a sacrificar objetivos nacionales en pos de solidificar eso que suele llamarse “el proyecto político”. Por consiguiente, sería de esperarse que el dilema a que acabo de referirme arriba tampoco se presente durante el último año del régimen. Si durante tres años el Gobierno ha privilegiado su posicionamiento electoral, ¿por qué habría de ser diferente el año en que han de realizarse los comicios?
Dos cosas pueden ser diferentes este año: la primera es que todos vamos en la misma barca y ya ha llegado el punto en que la situación nacional –ilustrada por los tres primeros días del año—se ha tornado insoportable casi para todos; la segunda es que las medidas populares tienen un límite y los frutos que podía dar el programa de transferencias condicionadas, en materia de caudal electoral, ya se han cosechado casi todos por el partido oficial. Cualquier incremento de los beneficios que representa sería, creo yo, de efectos marginales.
Comoquiera que sea, si el presidente Colom se enfocara en restaurar la paz y el orden, en dotar de las condiciones institucionales y macroeconómicas mínimas necesarias para que las inversiones privadas y públicas se mantengan o aumenten, sus objetivos y los del candidato oficial tendrían que ser muy distintos. Muchas veces hasta opuestos porque, quién lo ignora, aquí hace falta adoptar muchas medidas nada populares.
Eduardo Mayora Alvarado.
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