(Publicado por Siglo Veintiuno el 24/2/2011)
La Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) gestiona más recursos financieros que cualquier otra entidad del Estado. Sus máximas autoridades tienen el poder de nombrar, retener o de despedir a cientos de funcionarios y empleados. Contratan suministros de la más variada índole de múltiples proveedores de bienes y servicios. Como si todo eso fuera poco, su órgano rector tiene la facultad constitucional de nominar o elegir a un cúmulo importante de altos funcionarios del Estado incluyendo, para los efectos de esta nota, a un magistrado titular y a otro suplente de la Corte de Constitucionalidad (CC). Por todas esas razones y porque los seres humanos respondemos a incentivos, los procesos electorales de la USAC y los de toma de decisión de sus principales órganos de gobierno, se han politizado. Era lógico y normal que así ocurriera: las reglas del juego son tales que han convertido a la máxima “academia del Estado” en un “ámbito de poder político” significativo.
El Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), sea por medio de su Junta Directiva o de su Asamblea General, designa, elige o participa en la nominación de un cúmulo importante funcionarios del sistema de justicia, entendido en términos amplios. Esto incluye a un magistrado titular y a uno suplente de la CC. Todo ello se traduce en una determinada cuota de poder nada despreciable y, por consiguiente, el ente que tendría que haberse ocupado de ser el rector, fiscalizador y regulador del ejercicio de las profesiones de la abogacía y el notariado, se ha convertido en otro “ámbito de poder político” significativo. Sus agremiados –un buen número de ellos—han respondido a los incentivos que fluyen de las reglas del juego.
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) tendría que ser “el tribunal de justicia por excelencia”. Sus integrantes no tendrían por qué enfrascarse en rondas interminables de votaciones para elegir al Magistrado Presidente. Tendrían que ser su sabiduría, capacidad analítica y sensibilidad por el derecho y la justicia los atributos de su liderazgo. Pero, también en este caso las reglas del juego han teñido la túnica de la justicia de los colores de la política: cada cinco años las entidades e instituciones que intervienen en la elección de los magistrados de la CSJ y de otros tribunales se organizan para incidir todo lo que puedan en los procesos de nominación. Es lo racional y lógico: la CSJ ejerce poderes importantes directamente e, indirectamente, también: designa a un magistrado titular y a uno suplente de la CC y, de ese modo, ha pasado a convertirse en otro “ámbito de poder político” significativo.
Nuestro sistema político es una variante de presidencialismo. Tanto al Presidente de la República como también a los diputados al Congreso de la República, los dos principales “ámbitos de poder político”, se les elige por medio de sufragio universal y directo. Esto es: por medio del proceso político. Cada uno de esos dos organismos del Estado designa o elige, respectivamente, a un magistrado titular y a uno suplente de la CC.
Pero los guatemaltecos somos tan “románticos” que pretendemos que la elección, designación o nombramiento de los magistrados titulares y suplentes de la CC no ocurran de acuerdo con criterios políticos que se concretizan para la consecución de intereses políticos. ¡Increíble! Si de verdad quisiéramos otros resultados, tendríamos que revisar las reglas del juego.
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