Cuando el cálculo político sofoca al derecho.

(Publicado por Siglo Veintiuno el 3 de amrzo de 2011).

Es probable que para muchos conciudadanos pase por desapercibido el hito que la Corte de Constitucionalidad ha marcado en nuestra historia jurídica hace tan solo unos días.  Dos de las cámaras empresariales –la del Agro y la de Comercio—acudieron al alto tribunal pidiendo amparo.

Amparo, tanto en el sentido técnico de la expresión como también en su acepción común de protección, de defensa.  Pero no ante unos hechos que se hubiesen ya suscitado o que estuviesen aconteciendo, sino ante la amenaza de que fuesen a verificarse con la consecuencia de que sus derechos y los de sus agremiados resultaran transgredidos.

                Esto es de verdad muy importante pues, en mi opinión al menos, el Amparo, como garantía constitucional, ha operado en este caso (hasta este momento) como debe y de acuerdo con su esencia y naturaleza.

                En efecto, al haber entendido esas agrupaciones gremiales que las amenazas del autollamado “Frente Nacional de Lucha”, de bloquear caminos y carreteras, redundarían en la violación de sus derechos a la libre locomoción y de ejercer el comercio y la industria, como debe procederse en un estado de derecho, acudieron a la CC pidiéndole “su amparo”.  Más concretamente, que ordenara al Poder Ejecutivo que impidiera que se produjeran esos bloqueos de carreteras con las consabidas consecuencias.

                La Corte de Constitucionalidad cumplió su función y amparó provisionalmente.  Ya solamente con esto nuestra república se ha enriquecido, ha madurado, se ha aproximado a la idea expresada con tanto acierto por Benito Juárez: “el respeto al derecho ajeno es la paz”.

                Desgraciadamente, como ha sido notorio, ni el Presidente ni su Ministro de Gobernación dieron exacto cumplimiento a lo resuelto por la CC.

                Debe reconocerse que haber acatado fielmente lo mandado por el máximo tribunal constitucional no era nada fácil.  Para empezar, quienes han dirigido los poderes del Estado guatemalteco han preferido gastar nuestros recursos, desde hace décadas –con la excepción, a mi parecer, de la Administración Arzú—en un abanico de cosas superfluas antes que, precisamente, “en gobernación”. Nuestras fuerzas de policía adolecen de casi todas las carencias que pueda uno imaginar y al Ejercito de Guatemala se le ha reducido a su mínima expresión.  En suma –y más importante todavía—existe una mentalidad tan absurda como dañina según la cual es “antidemocrático” actuar en contra de las protestas populares, incluso cuando se realicen con violación flagrante de los derechos fundamentales de miles de ciudadanos inocentes.

                Por lo tanto, el cálculo político sofoca al Derecho. El estratega se formula la siguiente pregunta: ¿qué nos generará más pérdida de votos: la indignación de aquellos cuyos derechos han sido transgredidos con todo y amparo constitucional, o la rabieta de los que piensan que reprimir una protesta “popular” es, siempre y de cualquier manera, antidemocrático y autoritario?

                Y sí; lo más probable es que el estratega haya aconsejado lo indicado para perder los menos votos posibles. Pero la pérdida neta en seguridad jurídica y en lo que toca el ideal del imperio del derecho, es enorme. Pero eso, ¿a quién le importa?

Eduardo Mayora Alvarado.   

Es probable que para muchos conciudadanos pase por desapercibido el hito que la Corte de Constitucionalidad ha marcado en nuestra historia jurídica hace tan solo unos días.  Dos de las cámaras empresariales –la del Agro y la de Comercio—acudieron al alto tribunal pidiendo amparo.

Amparo, tanto en el sentido técnico de la expresión como también en su acepción común de protección, de defensa.  Pero no ante unos hechos que se hubiesen ya suscitado o que estuviesen aconteciendo, sino ante la amenaza de que fuesen a verificarse con la consecuencia de que sus derechos y los de sus agremiados resultaran transgredidos.

                Esto es de verdad muy importante pues, en mi opinión al menos, el Amparo, como garantía constitucional, ha operado en este caso (hasta este momento) como debe y de acuerdo con su esencia y naturaleza.

                En efecto, al haber entendido esas agrupaciones gremiales que las amenazas del autollamado “Frente Nacional de Lucha”, de bloquear caminos y carreteras, redundarían en la violación de sus derechos a la libre locomoción y de ejercer el comercio y la industria, como debe procederse en un estado de derecho, acudieron a la CC pidiéndole “su amparo”.  Más concretamente, que ordenara al Poder Ejecutivo que impidiera que se produjeran esos bloqueos de carreteras con las consabidas consecuencias.

                La Corte de Constitucionalidad cumplió su función y amparó provisionalmente.  Ya solamente con esto nuestra república se ha enriquecido, ha madurado, se ha aproximado a la idea expresada con tanto acierto por Benito Juárez: “el respeto al derecho ajeno es la paz”.

                Desgraciadamente, como ha sido notorio, ni el Presidente ni su Ministro de Gobernación dieron exacto cumplimiento a lo resuelto por la CC.

                Debe reconocerse que haber acatado fielmente lo mandado por el máximo tribunal constitucional no era nada fácil.  Para empezar, quienes han dirigido los poderes del Estado guatemalteco han preferido gastar nuestros recursos, desde hace décadas –con la excepción, a mi parecer, de la Administración Arzú—en un abanico de cosas superfluas antes que, precisamente, “en gobernación”. Nuestras fuerzas de policía adolecen de casi todas las carencias que pueda uno imaginar y al Ejercito de Guatemala se le ha reducido a su mínima expresión.  En suma –y más importante todavía—existe una mentalidad tan absurda como dañina según la cual es “antidemocrático” actuar en contra de las protestas populares, incluso cuando se realicen con violación flagrante de los derechos fundamentales de miles de ciudadanos inocentes.

                Por lo tanto, el cálculo político sofoca al Derecho. El estratega se formula la siguiente pregunta: ¿qué nos generará más pérdida de votos: la indignación de aquellos cuyos derechos han sido transgredidos con todo y amparo constitucional, o la rabieta de los que piensan que reprimir una protesta “popular” es, siempre y de cualquier manera, antidemocrático y autoritario?

                Y sí; lo más probable es que el estratega haya aconsejado lo indicado para perder los menos votos posibles. Pero la pérdida neta en seguridad jurídica y en lo que toca el ideal del imperio del derecho, es enorme. Pero eso, ¿a quién le importa?

Eduardo Mayora Alvarado.