(Ha publicarse por Siglo Veintiuno el 31 de abril de 2011).
El martes pasado Siglo Veintiuno nos informaba que la Corte de Constitucionalidad (CC) ha recibido durante estos últimos cinco años ni más ni menos que 21,536 casos. Si pensamos en unos doscientos días hábiles por año, sumándoles otros cincuenta por el hecho de que en materia de amparo todos los días y horas son hábiles, tendríamos que, diariamente, la CC ha recibido unos diecisiete casos en promedio. Del total de casos recibidos por la CC, 19,073 han sido resueltos. Haciendo los mismos cálculos, la CC ha resuelto durante estos últimos cinco años, en promedio, unos quince casos diarios.
Esto nos dice, de entrada, que no son los magistrados quienes resuelven la inmensa mayoría de casos. Ninguna novedad, ya lo sé. Pero, ¿no le parece irónico que se derroche tanta energía en la elección o nombramiento de cada uno de ellos, cuando son otras personas las que resuelven –aunque no firmen—miles de casos?
¿Y hacia el futuro? Pues de acuerdo con el Magistrado Presidente Molina, es de esperarse que la tendencia meteórica siga igual.
Miles de estos casos son presentados con el único objeto de entrampar los asuntos que se discuten en los tribunales ordinarios. Son “frívolos”, como se dice en la jerga legal. Por consiguiente, el problema de fondo no es que la CC esté atiborrada de expedientes que resolver, sino que todo el sistema de justicia esté atrancado por esta situación (entre otras).
Por supuesto, la persona lega se pregunta: ¿y por qué no se modifican las reglas del sistema para erradicar tanta “frivolidad”? Pues se ha intentado, sin éxito. Por ahí hay una iniciativa de reforma a la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, tan antigua y tímida que, de ser aprobada, a lo mejor la CC ya no tenga que resolver quince sino sólo diez amparos frívolos diarios…
Pero, entonces, ¿es que los guatemaltecos somos tontos? Yo opino que eso depende del criterio con que se nos juzgue. A ver si me explico: las reglas constitucionales y legales que rigen nuestro sistema de justicia son la causa principal de su fracaso y de la impunidad en que vivimos. No se modifican porque muchos de los que tienen en sus manos el tomar las medidas del caso, no lo hacen. Y no lo hacen porque no les conviene. No es que sean tontos; no en el corto plazo. Sí que lo son en el largo plazo, pues al negarnos las reformas que necesitamos a gritos están cavando su propia tumba.
Cavan su propia tumba porque, tarde o temprano, van a ser llamados a rendir cuentas. ¿Que no? Así creyeron muchos funcionarios civiles y militares en toda Latinoamérica cuando se promulgaron las leyes de amnistía por delitos políticos o cosas parecidas y, mire usted, muchos han tenido que huir, esconderse o enfrentar un juicio. Porque el tema es que frenar las reformas necesarias para que la tasa de homicidios diarios se reduzca en este país a niveles tolerables, es una gravísima responsabilidad. Recuerden, los responsables, que hay muchas víctimas inocentes que ya han perdido a una madre, a un hijo, a un hermano, a un esposo, etcétera. Clamarán por justicia un día, no me cabe duda.
Eduardo Mayora Alvarado.
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