«Hagámoslos independientes, pero no tanto».

“Hagámoslos independientes, pero no tanto”; ese parece ser el pensamiento expresado por uno de los candidatos presidenciales que se presentaron a debatir la noche del pasado lunes en el Teatro Nacional.

Acudí a dicho debate, francamente, sin la expectativa de conocer a fondo las propuestas de cada uno de los tres punteros.  No tanto porque no pudieran exponerlas, sino porque en ese tipo de ejercicios el objetivo es otro: impactar como una persona con agilidad mental, capaz de transmitir mensajes sintéticos.  Píldoras que las audiencias, presente y remotas, valoren y retengan.  ¿Quién puede exponer un plan de gobierno en cinco minutos o de qué manera reformará a la Policía Nacional Civil en dos?

Una de las preguntas dirigidas a los tres debatientes llevó a uno de ellos –no importa quién—a decir que su idea de la reforma constitucional del sistema de justicia sería acoger una propuesta hecha por dos universidades y un centro de estudios. Y añadió a toda carrera: duplicando el plazo establecido para las funciones judiciales.

Como es bien sabido, ese plazo es actualmente de cinco años y yo he sostenido en múltiples ocasiones que está a la raíz de la debilidad de nuestro sistema de justicia.  No es el único factor, por supuesto, pero es el individualmente más dañino.

Pensemos en dos hipotéticos juristas: Brenda y Marcial.  Brenda se ha graduado hace poco más de siete años y se plantea la posibilidad de ser jueza.  La idea le atrae enormemente y siente que tiene la vocación de jueza.  Sin embargo, tiene dos hijos pequeños a los que quisiera dar la mejor educación posible y con su esposo han adquirido una casa y con ella una hipoteca, además de otros compromisos de largo plazo que la vida trae consigo.  Es competente y ha tenido éxito formando una clientela estable y leal que aprecia sus sensatos consejos y eficientes servicios.  Su marido y amigos la animan, pero a ella le asalta una sola duda fundamental: ¿qué haría si al vencerse mi período de funciones, no se me renueva el nombramiento?  Y yo añado la siguiente pregunta: ¿cree usted, estimado lector, que la respuesta a esa cuestión sería diferente si el período de funciones judiciales se extendiera de cinco a diez años? Lo dudo mucho.

Marcial ya es magistrado y lo es por segunda vez.  Eso quiere decir que ha sabido “alinearse” con un grupo gremial bien organizado y logró su reelección.  Nunca le han pedido nada ilegal, pero le angustia pensar que algún día le pasen la factura y cada vez que llega a su despacho uno de los abogados miembros del grupo, para promover alguno de sus asuntos, Marcial se siente inmensamente incómodo pues, en un par de años más, cuanto apenas tenga él cuarenta y siete, vence su segundo período. Marcial no quisiera llevar esas cargas encima de las propias de su función, pero si renunciara ¿qué opciones tendría?

Opino que, si se reformara la Constitución para extender el plazo de las funciones judiciales de cinco a diez años, nuestro sistema tampoco sería capaz de atraer a la mayor parte de las “Brendas” que haya ni brindaría la independencia de criterio y sensación de libertad que necesitan los “Marciales” que ya están en el sistema.  Si se les va a hacer independientes, ¡que sea de veras!

Eduardo Mayora Alvarado.