(Publicado el 15 de septiembre de 2011 por Siglo Veintiuno)
La democracia que ha brotado de la Constitución y de la Ley Electoral y de Partidos Políticos vigentes no nos gusta. Consulte usted los informes de Latinbarómetro y podrá constatar que los guatemaltecos estamos, para decirlo en buen castellano, hartos de nuestro sistema.
Vamos a empadronarnos, soportamos meses de propaganda electoral sofocante, vamos a las urnas y quedamos insatisfechos con los resultados. No tanto con el procedimiento o con los resultados electorales propiamente dichos, como con el desempeño de los políticos que nosotros mismos llevamos al poder.
Creo que esto se debe al tipo de sistema que ha brotado de las reglas constitucionales. Es un sistema en el que los bienintencionados, los competentes y los probos son anulados por ese otro grupo de políticos y de burócratas que buscan el poder con un objetivo muy específico: asignar y gestionar los presupuestos públicos, los presupuestos del Estado, las municipalidades y de las entidades autónomas para extraer de ahí una serie de rentas más o menos ilegales (algunas son discutibles otras totalmente ilegales).
No creo que los constituyentes de 1984-85 tuvieran la menor intención –en general—de crear el estado de cosas existente, pero realmente no estamos cosechando más que lo que entonces sembramos. Ellos pensaron en un sistema en el que, si se llevaba al poder a políticos y funcionarios “de reconocida honorabilidad y prestigio” y si se les señalaba por la Constitución y la Ley una serie de objetivos de desarrollo económico y social, dándoles a la vez las facultades y poderes necesarios, pues la receta del éxito estaría completa.
Sin embargo, en poco tiempo ha quedado claro que a muchos de “los buenos” la política les da una mezcla de miedo y asco, precisamente porque “los malos” han sabido bien como generar un ambiente de intrigas, deslealtades, traiciones e incluso de venganzas violentas. De ese modo el primer elemento, el de los políticos y funcionarios de “reconocida honorabilidad y prestigio”, ya no se dio.
En cambio, en nombre de la consecución de esos objetivos de desarrollo, las facultades y poderes concedidos por la Constitución se han ejercido para inventar el ingenioso “listado geográfico de obras”, para inflar la multimillonaria “deuda flotante” y para conceder a los sindicatos estatales más poderosos hasta “el retroactivo” (no solamente prebendas para el futuro ¡sino que también para el pasado!). Todo eso genera dinero y el dinero genera poder (y recursos para la siguiente campaña electoral).
La democracia del futuro debe basarse en que las elecciones llevan al poder a personas comunes y corrientes, capaces de equivocarse y de caer en las tentaciones del poder y que, por consiguiente, deben tener mucho respeto y cuidado por las investigaciones y sanciones que puedan aplicar una serie de instituciones profesionalmente integradas y dotadas de todos los recursos necesarios, como la Contraloría, el MP, los tribunales de justicia, etcétera. Debe ser una democracia basada en el imperio del derecho y en la idea de que el desarrollo económico y social, por lo general, se lo genera cada persona en su empleo, en su empresa, en su profesión u oficio. En libertad.
Eduardo Mayora Alvarado.
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