(Publicado por Siglo Veintiuno el 17/XI/2011)
Algunos analistas discuten sobre si el próximo gobierno merece o no el beneficio de la duda. En otras palabras se cuestionan, y proponen para el debate público, si la generalidad de los ciudadanos debiéramos darle al próximo Presidente de la República, a su Vicepresidente y equipo ejecutivo la oportunidad de demostrar que son capaces de conducir los asuntos públicos del Estado de manera acertada y eficiente. Pero en un sistema más bien presidencialista como el nuestro esa cuestión, a estas alturas, ya fue resuelta por la mayoría ciudadana en las urnas.
En efecto, los ciudadanos guatemaltecos votan, por separado y específicamente, por los candidatos a Presidente y Vicepresidente de la República, a diferencia de lo que ocurre en el sistema parlamentario en el que solamente se vota por los representantes al Parlamento y son ellos quienes dan su confianza o respaldo al nuevo equipo de gobierno que se les propone. Cuando un partido gana la mayoría de escaños, pues la conformación de esa confianza y la manifestación de ese respaldo se dan de modo automático; de lo contrario, se producen negociaciones en el Parlamento para conformar una coalición mayoritaria. Pero ni el Jefe de Gobierno ni su equipo emergen de la manifestación de la voluntad ciudadana por medio del sufragio universal y directo.
En ese orden de ideas, Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti ya recibieron de los ciudadanos su confianza y el mandato de cumplir con la ejecución del programa y planes de trabajo propuestos. Lo recibieron de la mayoría necesaria en las urnas electorales y a los que hayan votado en contra les cabe ahora la obligación democrática de respetar la voluntad mayoritaria y de dejar atrás el proceso electoral pues, del 14 de enero próximo en adelante, el Presidente de la República será el Jefe del Estado y representará, como dice la Constitución, la unidad nacional.
Dicho de otra forma, después de electos, el Presidente y Vicepresidente de la República ya no requieren del “beneficio de la duda” o de una “oportunidad para gobernar”. No; ya han recibido directamente del pueblo el mandato mayoritario y ese mandato debe respetarse por todos los ciudadanos que hayan votado por los otros candidatos porque en eso estriba el abrazar el ideal democrático. Uno debe ser democrático cuando ganan y cuando pierden los candidatos de su preferencia.
Nada de eso significa que todos deban conformarse con las decisiones del Gobierno o con las políticas públicas que defina o que implemente. Claro que no. Todos los ciudadanos, incluyendo los que hayan votado por los candidatos electos, tienen el derecho de disentir y de expresar públicamente su disensión respecto de cualquier acto de gobierno. A lo que no tienen derecho, ni como ciudadanos ni como diputados al Congreso de la República, es a disentir porque son de la oposición, porque votaron por los otros candidatos o porque votaron nulo o porque sí…
Una vez se reúnan las condiciones de legalidad y de legitimidad de cualquier gobierno, de ahí en adelante la oposición partidaria y la disensión ciudadana deben fundamentarse en razones justificables y no en colores partidarios o en pruritos ideológicos. Esa es la democracia.
Eduardo Mayora Alvarado.
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