Modos de inversión y minería

(Publicado por Siglo Veintiuno el 20/X/2011)

Creo de la mayor importancia insistir en que los inversores, sea nacionales o extranjeros, sea en proyectos mineros o de cualquier otra índole, nunca se fijan en un factor aislado cuando deciden invertir o no hacerlo. No se fijan solamente en el nivel de regalías o en los costes laborales, por ejemplo, sino en eso que en mis tres artículos anteriores he llamado «el paquete». Eso explica que el informe del “Fraser Institute” ubique a Guatemala como una de las jurisdicciones menos atractivas para inversiones mineras, a pesar de que muchos aquí reclamen que las regalías del uno por ciento sean muy bajas. La tasa de las regalías bien pudiera aumentarse si a la vez se disminuyeran los costes generados por la conflictividad suscitada por los activistas anti minería o si se mejorara la certeza jurídica, por ejemplo. En el supuesto, claro está, de que se quisiera mejorar de posición y atraer así las inversiones que generan empleos y también impuestos.

Esas ideas han suscitado una conversación entre algunos lectores de Siglo Veintiuno y yo por medio del blog de opinión de este diario. El señor Samayoa, uno de ellos, sugería la semana pasada que la solución de fondo sería que los minerales del subsuelo, como los bienes y frutos del suelo, también fueran de propiedad privada. Creo que tiene razón, entre otras cosas, porque no hay nada peculiar en cuanto a los frutos del subsuelo que justifique una diferenciación respecto de los frutos del suelo.

Pero esta idea se estrella con la mitológica creencia de que los minerales del subsuelo son parte de «nuestra riqueza». Así lo entienden algunos de los otros lectores del Siglo Veintiuno virtual. Digo que esto es un mito porque los minerales del subsuelo no son «nuestros» sino que del Estado y porque debajo de la superficie no valen más que una poco significativa fracción de su valor una vez extraídos y procesados.

Ahora bien, los minerales del subsuelo bien pudieran dejar de ser de propiedad del Estado y pasar a ser de propiedad de los ciudadanos. No digo que haya soluciones fáciles, simples o perfectas pero sí razonables.

Una forma de hacerlo sería crear una corporación o sociedad por acciones. Una vez efectuadas las reformas constitucionales y legales del caso, el Estado, actual propietario, podría aportar los minerales del subsuelo a esa sociedad que, naturalmente, emitiría acciones a cambio.

Una forma de distribuir esas acciones entre los ciudadanos pudiera ser entregarle a cada uno, el día de la siguiente elección general, su correspondiente certificado de acciones. Los que no llegaran podrían recogerlo otro día en el RENAP, por ejemplo.

Las acciones deberían listarse en la bolsa de valores en donde podrían realizarse subastas periódicas para ir generando un precio de mercado para quienes quisieran venderlas. El Congreso nombraría a los primeros administradores y, al cabo de un período prudencial, para que fluyera la información, ellos convocarían a una asamblea general de accionistas y podrían emplearse los canales del sistema bancario y otros (como las redes de teléfonos móviles) para que votaran los accionistas.

Los minerales del subsuelo, pues, sí podrían convertirse en «nuestra riqueza».

Eduardo Mayora Alvarado.