(Publicado por Siglo Veintiuno, diciembre 2011)
Por supuesto que no espero que vaya a lograr convencer a muchos de que, por las razones que expuse en mi artículo anterior, hayan de preferir un gobierno chico y no uno grande. Pero quizás haga pensar en el tema a más de un lector. Las razones que he esgrimido a favor de un gobierno chico pueden sintetizarse en tres ideas: el valor de la libertad individual; el ideal del imperio del derecho; y el anhelo de vivir en una sociedad próspera.
Descendiendo a un nivel más concreto, el próximo gobierno puede, una vez más, desgarrarse en esfuerzos y afanes por “cambiar a Guatemala”, por “reducir la pobreza” o para “promover el desarrollo”. Puede intentarlo a la vez que desperdicia recursos que serían sumamente valiosos para proteger y garantizar los derechos de las personas. Sus derechos a que se respeten su vida, su integridad física y moral, sus bienes y su libertad de disponer de ellos. En otras palabras: garantizar su capacidad de vivir y de producir en paz y sin restricciones arbitrarias de la libertad individual.
La tónica paternalista fue la del Gobierno que está a punto de terminar y, en mayor o menor medida, también la de los anteriores a excepción, creo yo, del gobierno que presidió Álvaro Arzú. Por supuesto que sus detractores opinan lo contrario e, irónicamente, por las mismas razones que yo le doy la mejor calificación.
Para simplificar las cosas diré que antes del Gobierno de Arzú las telecomunicaciones; la generación, transporte y distribución de energía eléctrica; Correos; los ferrocarriles y ciertos aspectos importantes del sistema financiero del país, respondían a “otro concepto”. Un concepto arcaico, intervencionista o dirigista, generador de ineficiencias por doquier. Todos esos servicios eran de tan mala calidad y tan limitado alcance que en lugar de propiciar el desarrollo de Guatemala más bien la hundían. Eran un lastre.
Ya sé que los de costumbre dirán que regaló esto o el otro o que favoreció a sus amigos y otras cosas parecidas. Reconociendo que hubo errores, no creo que haya sido así ni se me ha mostrado jamás indicio alguno de corrupción en esos procesos. Pero además, hubo una reforma policial importante, una modesta reforma judicial y una reforma radical del sistema tributario (los que se quejan hoy en día de la SAT es porque no conocieron a la infame Dirección General de Rentas Internas o a la de Aduanas).
Por lo tanto, ese gobierno “dejó hacer” y, además, fortaleció los mecanismos de protección y garantía de los derechos de los habitantes del país. No es de extrañarse que la economía nacional haya crecido mucho más que durante el “tiempo de solidaridad”.
¿Que pudo haber sido mejor? Sí, pudo. Ese es, precisamente, el reto que tienen ante sí el presidente Pérez Molina y su equipo: “dejar hacer” y que apoyados en su capacidad emprendedora los habitantes de este país, bien protegidos sus derechos y personas, se levanten a sí mismos y sean los artífices de su propia prosperidad.
Si la próxima Administración vuelve a caer en la trampa de querer “hacer” las cosas en lugar de “dejar hacer” las cosas a todos y cada uno de los guatemaltecos que tienen el valor de asumir la responsabilidad de ser libres, lo más probable es que fracasaría igual que esta Administración.
Eduardo Mayora Alvarado.
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