Las consultas comunitarias y la Ley.

Publicado por Siglo Veintiuno, marzo de 2012.

Cuando leo artículos o pronunciamientos de quienes se oponen a la minería hay algo que, invariablemente, me inquieta. Es una visión fragmentaria de nuestra «república» que, al mismo tiempo, es colectivista.

A ver si me explico. Mi visión de nuestra «república», que a los enemigos de la minería seguramente les parezca conservadora o trasnochada, es que usted, estimado lector, su vecino, quien esto escribe, cada uno, somos un ciudadano. Tenemos, como tales, una serie de derechos y los tenemos por igual. El Estado se organiza para garantía y protección de nuestros derechos, como se dice en la propia Constitución.

Como ciudadanos, participamos en nuestro sistema de gobierno. Elegimos a nuestros representantes al Congreso de la República y, dentro del marco de la Constitución, ellos dictan las leyes que el Ejecutivo debe cumplir y hacer cumplir y los tribunales deben aplicar para resolver los pleitos y controversias que surjan entre los propios ciudadanos o entre éstos y el Estado.

Como es de esperarse en cualquier sistema de gobierno democrático-representativo, no todas las leyes nos gustan a todos. Como también es fácil advertir, los ciudadanos nos organizamos para procurar cambiar esas leyes que no nos gustan y empleamos tiempo y dinero en ello en la medida en que las leyes que no nos gustan, además nos resultan costosas.

Pero llegado este punto, las visiones de los anti-minería y la expuesta arriba, se apartan. Para los anti-minería (y otros «antis»), la república, sus leyes, su proceso político y sus ciudadanos, como titulares individuales de ciertos derechos, no valen un comino. No valen un comino con tal de que una «comunidad», consultada como a ellos (los «antis») les parezca bien, diga que «no».

Realmente es de menor importancia hasta qué punto sean genuinas esas consultas, si se manipulan o no; lo verdaderamente lamentable y, en mi opinión inaceptable,  es que, entre el ciudadano y la república se interponga a «la comunidad»; que entre la libertad y la Ley se interponga a «la comunidad»; que entre el orden y la Ley se interponga a «la opinión de un colectivo».

El proceso político de nuestra república y su propia Constitución son, todavía, muy imperfectos y todos y cada uno de los ciudadanos de este país tenemos un gran desafío por delante en orden a irlos mejorando. Pero eso no justifica, de ninguna manera, que fragmentamos la república en un sinnúmero de colectivos amorfos que, según sea su opinión, puedan repudiar las leyes e instituciones del país.  La lógica de una visión como esa, es decir, de una visión fragmentaria, es obvia: terminaríamos en la disolución de nuestra “república”, terminaríamos con los lazos de unidad que como ciudadanos, iguales en dignidad y derechos, todavía nos entrelazan y acabaríamos por agregar una constelación de “colectivos opinadores”.

Si quisiéramos, más bien y por el contrario, prosperar y salir adelante no hay más camino que la libertad bajo la Ley en la unidad de la “república” con derechos iguales para todos.

Eduardo Mayora Alvarado.