Publicado por Siglo Veintiuno, febrero de 2012.
En cierto modo, el hecho de que el Estado preste directamente determinados servicios es un accidente histórico. Me refiero a que la convicción de que los ciudadanos, en general, debían poder tener acceso a la educación, a cuidados médicos o al transporte colectivo, por ejemplo, implicaba, al mismo tiempo, que el Estado debía ser el suministrador de dichos servicios, era totalmente errónea.
Se creyó que las administraciones públicas, que estaban a cargo de recibir y tramitar las peticiones de los interesados en alguna gestión, también sabrían administrar una escuela, un hospital o un ferrocarril.
Empero, los politicos y sus administradores y gestores responden a un conjunto de incentivos complejo, que va más allá del objetivo fundamental de conservar una clientela y un buen prestigio. Debo aclarar que no hablo aquí de corrupción, necesariamente, sino de la toma de decisiones que, aunque puedan ser contrarias a los mejores intereses de los usuarios del servicio, no lo son para el partido o coalición en el poder. Además, los políticos y los administradores públicos saben que, rara vez, Juan Chapin se pone a calcular el costo de un maestro estatal y a compararlo con el de uno privado.
En cualquier caso, los problemas de altos costos y de baja calidad de los servicios suministrados directamente por el Estado, no se hicieron esperar. No solamente en Guatemala, sino en prácticamente todo el mundo.
Fue ese factor, más que un cambio de convicciones ideológicas, lo que allanó el camino para las privatizaciones y las alianzas público-privadas.
Yo creo que los compromisos e incentivos politicos de la mayor parte de los líderes sindicales del Estado, al lado de la voracidad y falta de profesionalismo de sus seguidores, está a punto de catalizar la segunda era de la privatización de servicios estatales de este país. Quizás el modelo vaya a cambiar un poco, más del lado de las APPs, pero ya truena el río.
Opino que sería bueno liberarnos de ese accidente histórico porque, para que los niños puedan ir a la escuela y aprender bien sus primeras letras, no hace falta que el Estado se convierta en maestro; para que la población reciba cuidados para la salud tampoco ha menester que los hospitales y centros de salud sean del IGSS o del Ministerio de Salud Pública; y lo mismo puede decirse de otros servicios como los dispensados por puertos y aeropuertos, los estudios superiores, la capacitación técnica, la investigación científica, los pronósticos meteorológicos, el desarrollo de infraestructuras y carreteras y un largo etcétera. En muchos de esos casos, ni siquiera hace falta que se financien por medio del Estado, pero ese es tema para otro artículo.
Eduardo Mayora Alvarado.
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