(Publicado por Siglo Veintiuno en abril 2012)
A pesar de que algunos pretendan que el tema de la CICIG es fundamentalmente técnico, yo pienso lo contrario. Es más bien ideológico y político. Eso no significa que no haya aspectos técnicos importantes relacionados con el problema de la impunidad en nuestro país, pero tanto los antecedentes como el proceso que llevaron al establecimiento de la CICIG en Guatemala y a la renovación de su mandato en varias oportunidades, son fundamentalmente ideológico-políticos.
Todo ello se relaciona con la falta de fe de las izquierdas, en general, en que el Estado de Guatemala y las derechas, en general, estuvieran verdaderamente dispuestos a permitir que el activismo político de los primeros se desplegara y actuara sin enfrentar la acción de los “cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad”. Pero los campeones de la CICIACS, inicialmente, y de la CICIG, después, comprendieron que era indispensable darle a esta comisión un cariz y encargarle un mandato mucho más amplio, el de la lucha contra la impunidad, para que llegara a ser una propuesta viable. Y no se equivocaron.
Pero al proceder de ese modo se metieron y metieron a los Comisionados “en camisa de once varas”. Al propiciar el establecimiento de una comisión internacional con un mandato tan amplio como la lucha contra la impunidad en Guatemala plantearon, a su vez, una “misión imposible”.
No es una “misión imposible” porque en Guatemala no pueda erradicarse la impunidad o reducírsela a estándares tolerables, sino porque la forma de conseguir ese objetivo es otra que el establecimiento de una comisión internacional. Muchos serán de un parecer contrario al mío pero quién puede negar que el nuevo gobierno ganara las elecciones gracias, sobre todo, a que la población le tuvo más fe a su promesa de traer seguridad y justicia que a las promesas de los competidores. Y hablo de apenas hace cuatro meses.
Para erradicar la impunidad es necesario que los guatemaltecos reformemos nuestra Constitución y establezcamos las bases jurídicas e institucionales de un Poder Judicial que verdaderamente lo sea. Sé que hay algunos que piensan que no es un problema de reglas ni de sistema sino de personas y es verdad que varios grupos de interés inciden en la elección de ciertos magistrados y el nombramiento de algunos jueces que, justamente por esa razón, ya carecen de independencia, imparcialidad e integridad. Pero eso ha ocurrido, precisamente, gracias a las reglas del sistema.
Lamento ser más bien escéptico en cuanto al tipo de reforma que se consiga implementar, si alguna. No avizoro todavía a esos líderes políticos dispuestos a jugarse por Guatemala lo que fuera necesario, con tal de enfrentar, de verdad y como se debe, a la impunidad que nos sigue sofocando. Además, percibo que ciertos grupos de interés poderosos dudan de que Guatemala esté lista para contar con “jueces de verdad”, de los que tienen la fuerza que da la independencia real. Son grupos que prefieren seguir mirándose a sí mismos como los árbitros del sistema y como poseedores de ese poder. He ahí buena parte del problema.
Eduardo Mayora Alvarado.
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