La quiebra del modelo laboral.

(Publicado por Siglo Veintiuno mayo de 2012)

El modelo integrado por la Constitución, la legislación y las instituciones laborales y de seguridad social, está en quiebra. Es un modelo que está basado en una visión de lucha de clases, de suma cero,  en la que el trabajador que tiene empleo tiene dos enemigos: su patrono y los trabajadores desempleados que sean más competentes y productivos que él.

Es un modelo que estaba destinado a fracasar porque visualiza a las partes de una relación de coordinación económica y de cooperación productiva, cuyos intereses en realidad convergen, como enemigos. Tenía que llegar a la bancarrota porque sus creadores y continuadores nunca han comprendido que la combinación eficiente de la creatividad empresarial, el capital y el trabajo implica que el pastel crezca para todos.

Nuestro modelo está en quiebra porque sus patrocinadores nunca comprendieron el hecho de que ninguna empresa puede darse el lujo de remunerar ninguno de sus elementos productivos por encima de su valor de mercado. Si una empresa puede tomar una bodega en arrendamiento a Q100,000 mensuales, pero decide pagar Q200,000 para apoyar al ideal de justicia social o si una ley la obligara a pagar esa suma, el precio de sus productos o el nivel de sus utilidades van a reflejar esa diferencia. Si sus precios, la empresa perderá competitividad y participación de mercado; si las utilidades, la empresa perderá atractivo como inversión. Quizá a los propietarios no les importe que así sea pero a sus proveedores, a sus banqueros y a sus clientes sí que les parecerá inaceptable. La economía es un sistema.

La prueba más contundente de la quiebra del modelo es ese 70% de empleo en la informalidad económica. Una cifra en relación con la cual el Ministro de Trabajo puede decir lo que quiera, pero demuestra que los sindicatos, más aún, esa visión de «lucha» que inspira a sus líderes, ha tenido consecuencias inmensas: siete de cada diez integrantes de la población económicamente activa, han optado por salirse del absurdo marco jurídico e institucional de las relaciones laborales en Guatemala.

Se quiso imponer una utopía coercitivamente y basada en premisas falsas. El resultado ha sido una pequeña minoría que, con base en los privilegios que la legislación le ha conferido, disfruta de unos salarios y prestaciones distorsionadas, a costa de una enorme mayoría que tiene que soportar peores condiciones de las que pudiera conseguir en un mercado laboral, formal pero libre.

La realidad es que, en Guatemala, siete de cada diez trabajadores operan en un marcado competitivo en el que no hay más defensa para el trabajador que ser productivo. Desgraciadamente, soportan condiciones peores de las que hace falta, todo ello para mantener vivo un régimen basado en falsedades que, además, ha hecho pobre al país desde que fue promulgado al final de los cuarentas.

Eduardo Mayora Alvarado.