(Publicado por Siglo Veintiuno en mayo de 2012)
Uno puede considerar o no válida la teoría de acuerdo con la cual los sindicatos de trabajadores operan a favor de algún tipo de bien común. La idea básica es que los trabajadores aglutinados en una o varias organizaciones que representan sus intereses ante sus patronos, consiguen ventajas que no obtendrían individualmente ni como consecuencia del funcionamiento del mercado laboral. Es una teoría que supone que para el patrono es muy fácil sustituir a unos pocos trabajadores que exigieran más o mejores prestaciones, pero que es casi imposible reemplazar a la mayor parte de ellos o por lo menos a un grupo significativo. Por tanto, también se basa en que siempre hay una abundancia de trabajadores de modo que por mucho que aumente la demanda por sus servicios en cualquier sector de la economía, la oferta siempre será relativamente mayor.
Independientemente de que esa teoría se juzgue basada en hechos reales o no y de sus implicaciones para los trabajadores desempleados, me parece que es una teoría totalmente contradictoria de las ideas básicas que, al mismo tiempo, se tienen del Estado, del servicio civil o, en general, de los fines para los que existen las administraciones públicas.
En efecto, la teoría “tradicional” sobre el Estado, sostenida generalmente por quienes también están a favor de los sindicatos en el sector público, es que el Estado se organiza para realizar el bien común. Por tanto, el Estado no procura generar ni maximizar utilidades, sino que, por medio de sus diversos órganos y entidades, está para realizar el bien común. Para ello requiere de tres tipos de agentes: los políticos, los tecnócratas y los burócratas. Todos ellos deben ejercer sus funciones y atribuciones para la consecución de dicho bien común. Por supuesto, no existe una sola idea de en qué consiste el bien común y, por consiguiente, cada cuatro años hay elecciones en las que los diversos partidos políticos proponen sus planes y programas, concretando así su propia idea de bien común.
Así, el equipo político ganador asume sus cargos, formula sus políticas, establece sus programas y, con el concurso de los tecnócratas y de los burócratas, procede a implementarlos, como he dicho, para realizar el bien común. De acuerdo con esta teoría, los políticos ganadores no consiguen ventajas de pagarles menos a los burócratas pues su objetivo es la puesta en práctica de sus planes y programas para la realización de dicho bien común. A los funcionarios y empleados públicos no les compete más que desempeñar sus funciones para realizar ese objetivo, en lo que cada uno de ellos esté, pues esa ha sido la voluntad “del pueblo” expresada en las urnas.
El número y competencias de los empleados públicos debe ser acorde con los planes, políticas y programas de los políticos, puesto que han sido concebidos para la realización del bien común y sus salarios y demás prestaciones deben fijarse de modo que se pueda contratar y conservar al personal adecuado para implementar dichos planes y programas pues, una vez más, así se realizaría el bien común. Pregunto entonces: ¿qué función pudiera cumplir el sindicalismo en todo este esquema?
Eduardo Mayora Alvarado.
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