Sobre la propuesta de reforma constitucional del Ejecutivo (III).

Debido a unos dos o tres mitos bastante absurdos y a la fuerza de la tradición, las nuevas repúblicas de Latinoamérica terminamos atribuyéndole al Estado la propiedad de los recursos naturales del subsuelo. No sólo se ha cometido así uno de los errores más caros de nuestra historia, sino que además uno de los errores más irracionales.  Es decir, fundamentado en pura ideología y no en razones válidas.

En Guatemala, el coste de haber mantenido ese régimen mítico hasta nuestros días ha sido enorme.  Hoy en día no solamente incide en la explotación antieconómica de esos recursos, sino en una guerra ideológica, casi religiosa para algunos, que desata pasiones violentas casi ciegas.

Pero la realidad es que casi todos los políticos, incluyendo a los que ahora están en el poder, tienen claro que esa mitología irracional sobre los recursos naturales no renovables, es aceptada como verdadera por una importante mayoría de ciudadanos, grupos de presión y de interés, a tal punto que sería un suicido político proponer que el régimen sea modificado radicalmente, de modo que el Estado deje de ser el propietario de dichos recursos.  Es más, en su propuesta de reforma constitucional el Presidente de la República tiene tan claros estos extremos que ha planteado una reforma que, lejos de alejarse de esa mitología, la reafirma.

La reforma consiste, en resumen, en facultar al Estado para tomar una participación de hasta el cuarenta por ciento del capital de las empresas que exploten “recursos naturales” (por cierto, no calificados como “no renovables” o cosa parecida en el texto que yo he leído). Esto es otro error, basado en el yerro de origen, porque supone que el Gobierno y sus órganos, que no ha sido capaz ni de administrar con probidad y eficiencia el sistema de educación pública, sí tiene la capacidad para ser inversor de riesgo en proyectos mineros o petroleros.  Claro, como se piensa que el oro, la plata o el petróleo son valiosos en sí y de por sí, ¿cómo podría, entonces, irle mal al Estado en una inversión para extraer esos u otros metales? Empero, en la historia de la minería y de la industria petrolera ha habido tantos fracasos empresariales como en cualquier otra industria o actividad económica conocida.

Simple y sencillamente, esos recursos no valen nada debajo de la tierra y, una vez extraídos, solamente logrará venderlos con ganancia quien sea capaz de extraerlos y llevarlos al mercado a un coste menor que sus competidores. Los demás, incurrirán en pérdidas. Y, ¿cómo pudiéramos los ciudadanos de este país esperar que el Gobierno sepa discernir en qué compañía minera o petrolera invertir y cuánto, si ni siquiera puede comprar medicinas para los hospitales públicos al mejor precio del mercado?

Ni siquiera hablo de corrupción.  Lo que ocurre es que cuando usted y yo invertimos en algo, si nos equivocamos, las pérdidas nos las tragamos nosotros.  Cuando un funcionario público toma una decisión, legal pero equivocada, que provoca pérdidas, no se las traga él, también nos las tragamos nosotros.   ¿Está dispuesto usted a sufragar con sus impuestos las pérdidas de las malas inversiones que hiciera el Estado en empresas mineras o petroleras? Yo no.

Eduardo Mayora Alvarado.