(Publicado por Siglo 21 en agosto 2012)
En materia electoral se plantean, principalmente, tres cosas: un número fijo de diputados distritales y por lista nacional; que los departamentos se dividan por distritos en proporción a su población; y que por cada distrito se elijan solamente dos diputados. Vayamos, pues, por partes.
El número de diputados o representantes se relaciona directamente con la teoría, precisamente, de la “representación” democrática que, naturalmente, se materializa en el sistema de democracia “representativa”. De acuerdo con dicha teoría, los ciudadanos somos “representados” en el Congreso y esa representación conlleva ciertos deberes y presupone cierta lealtad. En efecto, los ciudadanos damos nuestro voto por uno u otro partido político o por uno u otro candidato porque entendemos que “representa” mejor nuestra ideología, intereses y preferencias. Quizá no las “represente” exacta o perfectamente, pero es el partido o el candidato que más se acerca. Entonces, cuando la proporción entre el conglomerado ciudadano y el número de representantes es de, por ejemplo, 200,000 ciudadanos por cada representante, las probabilidades de que la coincidencia ideológica, de intereses y preferencias se dé son la mitad de cuando por cada 100,000 ciudadanos se elige a un representante. Así, querer menos representantes es querer, necesariamente, que las probabilidades de coincidencia sean también menores. Querer menos representantes es querer menos “democracia representativa”, es negar la validez de la teoría de la “representación democrática”.
Uno se pregunta, entonces, ¿por qué en Guatemala ha adquirido cierta popularidad esta idea de reducir y fijar el número de representantes? Y la respuesta está en que se percibe que los diputados al Congreso (sin distingos, lo cual es una injusticia) devengan una remuneración por no hacer nada o, peor aún, por negociar con los bienes, los cargos y los presupuestos públicos. Además, se percibe que no existe dentro de los partidos políticos un debate sustantivo entre sus diputados al Congreso sino que los integrantes de la bancada prácticamente levantan la mano como la dirigencia se los mande. Por último, los pocos debates parlamentarios que se publicitan por los medios son los escandalosos. ¿Cuál es la causa de una opinión tan desfavorable como la que existe del Poder Legislativo del Estado, y cuál sería el remedio?
La causa está en que nuestra Constitución es una especie de “cuerno de la abundancia”. Le atribuye a los poderes del Estado múltiples facultades de fomentar, promover, impulsar, apoyar, incentivar, subvencionar, etcétera, prácticamente todos los ámbitos de la vida económica nacional (véase, por ejemplo, el Artículo 119). Así, los partidos y sus diputados naturalmente se convierten en “agentes intermediarios” ante los innumerables grupos de presión y de interés que existen (que van desde los sindicatos hasta las cooperativas, pasando por cámaras y gremios).
El remedio para estos males no está, obviamente, en limitar el número de diputados o en pasar de un sistema de representación proporcional a uno de mayoría simple, que engendre algún tipo de bipartidismo. El remedio está en que los poderes del Estado estén claramente limitados por la Constitución a proveer, exclusivamente, al bien público general y no a los intereses sectoriales o individuales.
Eduardo Mayora Alvarado.
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