(Publicado por Siglo 21 en noviembre 2012)
No sé si el presidente Pérez Molina imaginaba que la historia lo colocaría ante una encrucijada a la vez tan clara y tan compleja. En cierto modo todos los jefes de un Estado enfrentan encrucijadas cuando llegan al poder, pero no siempre tan claras, en términos de los caminos que se abren a cada opción, ni tan complejas, en términos de las consecuencias para la esencia misma del Estado.
Me refiero a que algunos de los acontecimientos que se han suscitado con cada vez más vehemencia y también frecuencia, desde que el PP ganó las elecciones, han dejado de ser de los que crean cierta inquietud, indignación o zozobra, pero tres semanas después son historia. Durante el gobierno presidido por Colom, por ejemplo, hubo cadenas de asesinatos contra los choferes de autobuses y sus ayudantes, pero nadie temió que pudieran llegar a desbordar la capacidad del Estado de mantener al transporte público funcionando. Son acontecimientos que, efectivamente, causaron indignación y zozobra, pero no dieron lugar a considerar a los mareros como “competidores declarados” del Estado.
Pero durante estos más o menos diez meses hemos asistido a un fenómeno que, me parece, ya mudó de naturaleza. Así, por ejemplo, el llamado “Frente Nacional de Lucha” comenzó planteándose como un activismo en defensa del consumidor de electricidad rural, pobre y, supuestamente, abusado por la compañía privatizada. Ahora el objetivo es otro: la nacionalización del sistema de producción y distribución de energía eléctrica y el derecho a aprobar o rechazar cualquier proyecto extractivo o productivo por medio de las consultas comunitarias. Los activistas que han aglutinado tras de sí a los titulares de los 48 Cantones de Totonicapán, también han esgrimido, inicialmente, como los motivos de su activismo la propuesta de reforma constitucional, las tarifas de la energía eléctrica y la reforma magisterial; sin embargo, ahora dejan claro que, en sus circunscripciones, son ellos quienes “legislan” y que, como en un club, al que no le gusten las reglas, que se vaya… Unos y otros, como acaba de verse en San Marcos, están dispuestos a recurrir a la violencia.
La encrucijada está clara: el camino de la Ley y el orden, afirmados por el poder, único e indivisible, de la República o, por el contrario, el camino de la cesión y concesión de cuotas de poder, paralelo o sustituto del poder de la República, a favor de colectividades dirigidas, valga la redundancia, por “colectivistas”. Este segundo camino es intrínsecamente inestable porque el poder es un fenómeno siempre expansivo (de sí mismo no tiende a reducirse) y, siempre que se produce un vacío, todos los poderes que están en competición intentan llenarlo por completo.
Aquí, además, el poder político-público compite con el poder político-fáctico que ejercen, en diversas medidas, los grandes grupos de presión: los sindicatos, los cooperativistas, el sector privado organizado, las iglesias, las universidades –principalmente la USAC, etcétera. Al Presidente le toca la decisión: el camino que lleva a una república basada en Leyes aplicadas por jueces verdaderamente independientes, o el que lleva a un Estado semi-fallido en el que el Gobierno es uno entre varios competidores por cuotas de poder. ¡Vaya encrucijada!
Eduardo Mayora Alvarado.
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