Sobre la propuesta de reforma. Síntesis

(Publicado por Siglo 21 en agosto 2012)

Me invitaron a participar como panelista, ayer por la tarde, en el foro organizado por la AGAN sobre la propuesta de reformas constitucionales planteada por el Presidente de la República.  Recojo aquí la síntesis de lo comentado por mi parte:

Toda reforma constitucional conlleva enormes costos y supone un debate que desgasta a los principales actores de la vida nacional.  Por consiguiente, debe emprenderse para promover cambios de fondo, capaces de incidir ostensiblemente en la realidad.  Por supuesto, una propuesta de reforma de ese tipo no presupone la existencia de un consenso mayoritario, mucho menos unánime.  Pero sí va a la sustancia de los problemas que aborda.

Mientras más amplia sea cualquier propuesta de reforma, menos son sus probabilidades de que se consiga la mayoría parlamentaria requerida y, todavía menos, el refrendo ciudadano.  Por tanto, es indispensable sacrificar lo prescindible y promover lo impostergable, para mejorar las probabilidades de que sea aprobada en el Congreso y ratificada en consulta ciudadana.

La propuesta del Presidente ha puesto al mismo nivel de la gravísima situación de impunidad en el país –merecedora de que los propios poderes del Estado hayan buscado la instauración de la CICIG—otros problemas que, siendo importantes, pueden postergarse, algunos, o susceptibles de enfocarse a nivel legislativo, otros. Pero la insoslayable crisis del sistema de justicia de la nación ha justificado que analistas propios y ajenos estimen al Estado guatemalteco “enfermo” e, incluso, próximo a la frontera del “Estado fallido”.  ¿Por qué? Porque, simplemente, en este país su gobierno, sus tribunales y demás instituciones públicas no son capaces de hacer valer su Constitución y sus leyes.

Ante ese cuadro, en mi opinión se ha propuesto una reforma demasiado amplia y, peor aún, que plantea una revisión a medias del Poder Judicial y de la Corte de Constitucionalidad. De ese modo se desperdicia una costosísima oportunidad y se disminuyen las probabilidades de que lleguemos a tener un sistema de justicia verdaderamente eficaz.

Como he reiterado muchas veces, la independencia de los jueces no radica en que se “diga” que son independientes, sino en que de verdad lo sean.  Y, ¿cómo entender que esa independencia pueda lograrse con una carrera judicial de diez años? ¿A qué guatemaltecos quiere atraer el Estado de Guatemala a su sistema de justicia? ¿A los mejores? Entonces hay que proponerles este plan de vida profesional: –“mientras usted observe la Ley y buena conducta, si fuera su voluntad, continuará en la dignidad de juez o de magistrado de esta República y nadie, por muy poderoso que fuera, podrá afectarlo en el ejercicio de sus funciones como tal”.

Pero, ¿cómo resolver el problema de que haya malos elementos ya en el ejercicio de las funciones jurisdiccionales?   Realmente hay muchas formas de planificar la transición del antiguo régimen a uno en que la justicia disfrute, de verdad, de las garantías necesarias para que funcione.  Precisamente una reforma constitucional permite promulgar las reglas jurídicas que marquen el camino de la transición; quien lo dude puede examinar el contenido de la reforma constitucional de 1993.  Nuestra enfermedad más grave está en la impunidad; el remedio es la justicia.

Eduardo Mayora Alvarado.