(Publicado por Siglo 21 en noviembre 2012)
En la historia de las ideas políticas se marca, como uno de los más importantes puntos de inflexión, la sustitución del “gobierno de los hombres” por el “gobierno de las leyes”. Esto es, la sustitución de la voluntad arbitraria de uno, el rey; de algunos, los aristócratas; o de la mayoría del pueblo sobre los demás, por la voluntad de ciertos dignatarios y funcionarios supeditada a las reglas de la Ley. Con el tiempo se identificó al ideal “gobierno de las leyes” con la noción de “gobierno libre” porque la Ley hacía dos cosas: circunscribía los poderes de los dignatarios y funcionarios del Estado a ciertos ámbitos específicos y creaba para cada individuo un ámbito de acción libre, impenetrable por el Estado o por cualquier otra persona. La coacción externa en contra de cualquier individuo quedaba circunscrita a la condición de que el afectado infringiera la Ley. Así, la libertad moderna ha consistido en que, mientras una persona no viole la Ley, nadie, ni el Estado mismo, puede coaccionarla o forzarla a hacer lo que no quiera ni puede impedirle actuar como prefiera.
Esa doctrina política, puesta en práctica, conllevó para los países que la adoptaron unos niveles de prosperidad sin precedentes en la historia de la humanidad. Del lado de la economía, los mercados, que siempre habían existido, crecieron exponencialmente como consecuencia de que esos ámbitos de libertad, protegidos y garantizados por la Ley, operaron como incentivos propicios para asumir los riesgos de la inversión con base en expectativas razonables de éxito. El camino hacia la riqueza de que disfrutan hoy esas naciones no ha sido perfecto ni ha quedado exento de sinsabores, pero el hecho es que, día a día, los pobres de las naciones que NO adoptaron esa doctrina política luchan y se desgarran por emigrar a los países con un “gobierno libre”.
El cuento viene a que, según veo las cosas, el llamado “movimiento social” nos propone a los guatemaltecos otro modelo. No comprendo exactamente las características de su modelo, pero parece algo así: la Ley vale si refleja los intereses de los sujetos que ese movimiento dice representar (de los cuales, por supuesto, los líderes son el oráculo), es decir, los campesinos, los obreros, los sin tierra, etcétera. De no ser así, vale la voluntad de esos grupos, expresada mediante consultas comunitarias. Los derechos establecidos por las leyes valen mientras no afecten los intereses de esos grupos, de lo contrario, fuera. El proceso político institucional vale si opera para beneficio de dichos intereses, de lo contrario, lo que vale es la protesta coactiva: bloqueos de carreteras, ocupación de instalaciones privadas o públicas, invasión de fincas de particulares o del Estado, etcétera.
Ese modelo, o cualquier otro que no esté basado en leyes que definen un ámbito de libertad individual impenetrable, conduce al colapso de la sociedad abierta dando paso al colectivismo totalitario que, todos sabemos, supuso pobreza, muerte y desolación en todas partes en donde se experimentó con la arbitrariedad como sustituto de la Ley.
Eduardo Mayora Alvarado.
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