(Publicado por Siglo 21 en noviembre 2012)
Quisiera creer que la aprobación de la iniciativa de ley 4084, la del desarrollo rural integral, es una catástrofe evitable, pero lo dudo. En primer lugar por eso que el Dr. Rigoberto Juárez Paz ha llamado “el intencionalismo moral”, es decir, “el pensar que basta con la intención, o el actuar como si se creyera que nuestro deber es tener buenas intenciones”. Por supuesto, supongo que algunos de los que promueven esta iniciativa de ley las tienen, si bien hay otros que no hacen más que promover sus objetivos estratégicos, en pos de mayores cuotas de poder político, pero eso no es un proceder exclusivo de las izquierdas, claro está.
Esta iniciativa es una mezcla de algo así como un texto de economía agraria, de los que se utilizaban por casi cualquier universidad estatal latinoamericana en la década de los setentas, con un manual para la organización campesina, de los que distribuían los partidos políticos social demócratas de más o menos esa misma época. En ese sentido, la propuesta es un viaje al pasado y, de hecho, en la exposición de motivos se insinúa que su propósito es regresar las cosas a esa era anterior a las privatizaciones y los tratados de libre comercio. Es una enorme ironía de la historia pues, gracias a las primeras casi no hay campesino que hoy en día no tenga acceso a un teléfono móvil y en sus humildes casas hay un foco de luz y, gracias a los segundos, pueden importarse granos a precios mucho más bajos para beneficio de los que pasan hambre.
Como se reconoce en la propia exposición de motivos, la economía rural campesina de Guatemala no es productiva y, añado yo, nunca lo ha sido. No me refiero al caso de los que supieron convertirse en empresarios y se incorporaron al mercado, sino los que son agricultores y crían algunos animales para su propia subsistencia.
Más me impacta que se reconozca en ese documento el monumental fracaso de todo lo que pueblo y gobierno han hecho en el pasado y, sin embargo, la propuesta sea volver a lo mismo. Es un deja vue: subsidiar al pequeño campesino para que adquiera tierras, para que las cultive, para que las fertilice, para que comercialice sus frutos… para que siga prisionero de un modelo quebrado, inviable, insostenible.
Por supuesto, se crea otro ministerio que –otra de esas ironías de la vida—pasaría a integrar los órganos colegiados de nada menos que seis entidades u órganos estatales ya existentes, además de absorber las funciones de ProRural. De regreso al pasado, decía.
No podía faltar el premio para los promotores de la iniciativa: pasan a formar parte de la nueva burocracia, haciendo auditoría social, entre otras cosas, de que el Estado promueva las consultas comunitarias sobre el uso de los recursos del suelo, del subsuelo, hídricos, etcétera. Buena parte de esto se plasma amorfamente, como para dar lugar a que persistan las dudas y la conflictividad. Quién sabe y para qué especular.
En fin, el Estado ya casi perdió a toda la población económicamente activa (83% opera en la informalidad) y aun así pretende promulgar otra utopía.
Eduardo Mayora Alvarado.
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