(Publicado por Siglo 21 en enero 2013)
—Nada cambia. Esa es la síntesis de lo que los analistas han opinado sobre el primer año del actual gobierno, si bien reconociendo algunas variantes de matiz o de grado. Se coincide en que continúan la violencia y la criminalidad impunes, en que persiste la corrupción a niveles intolerables, en que el crecimiento económico permanece endeble, las administraciones públicas siguen atrapadas en su propia ineficiencia, los políticos reinciden en su rol de distribuidores de bienes y favores públicos y, como resultado, siguen aferradas a nuestra realidad las mil caras de la pobreza.
Y, entonces, uno se pregunta: ¿por qué nada cambia? La respuesta a esa cuestión está, me parece, en que el régimen político de Guatemala sigue siendo el del imperio de los grupos de presión y de interés y no el del imperio del derecho. Aquí no gobiernan las leyes sino que los grupos de presión y de interés. No tenemos un Estado de Derecho sino que una especie de neo mercantilismo.
Y, ¿por qué seguimos en ese neo mercantilismo, estando en nuestras manos reformar nuestras propias instituciones? En mi opinión esto se debe a una combinación particularmente problemática de dos factores. El primero y más obvio es que los grupos de presión y de interés, que detentan las cuotas de poder decisivas, no están dispuestos a renunciar a ese poder, cediéndolo a unas instituciones públicas edificadas sobre el imperio del derecho. A lo más que llegan es a aceptar una hipotética renuncia condicional, a saber: que todos los demás grupos de presión y de interés renuncien a su respectiva cuota primero o al mismo tiempo (cosa que es bastante difícil que suceda).
El segundo factor es que la mayoría del electorado de Guatemala cree (no sé con qué fundamento) que el Estado ha de ser el factor determinante de su desarrollo y bienestar. Dicho de otro modo, la mayor parte de los ciudadanos que con su voto legitiman a cada gobierno que eligen, no se ven a sí mismos como los principales artífices de su destino, sino como dependientes de lo que haga o deje de hacer el Gobierno y demás instituciones del Estado.
Así, el neo mercantilismo guatemalteco, sintetizado de un modo casi brillante en los artículos 118 y 119 de la Constitución Política, le ofrece al ciudadano de mentalidad dependiente la expectativa de que a cambio de su voto conseguirá algún subsidio, una pensión, una parcela de tierra, un empleo público, fertilizantes, lo que fuera, de los políticos que llevará al poder para que, con base en la Constitución, ellos negocien con los diversos grupos qué bienes o favores públicos, en forma de fomento, de proteccionismo, rentas, exenciones o de cualquier otro privilegio, les serán dispensados.
Y, ¿cómo vamos a salir de este régimen insostenible? Hay dos posibles soluciones: la milagrosa, consistente en que todos los grupos de presión renunciaran a sus cuotas de poder; la mágica, que sería que la mayoría ciudadana cambiara de mentalidad… Complicado, ¿verdad?
Eduardo Mayora Alvarado.
@Vientomares
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