(Publicado por Siglo 21 en marzo 2013)
Tengo para mí que en este país se incurre con frecuencia en un error muy peligroso, como es el de reconocerle representatividad a muchas personas o asociaciones –del tipo ONG, por ejemplo—sin hacer mayor análisis o indagación sobre quiénes, realmente, son representados por ellas.
Sin embargo, al lado de un diputado distrital que ha obtenido decenas de miles de votos para pasar a integrar el Congreso de la República, aparece por ahí cualquier autoproclamado “dirigente” social a quien nadie ha dado su voto ni su mandato, advirtiéndole que: “–si sigue ignorando el clamor de los pueblos indígenas pasará esto o aquello”. Al Presidente de la República, que recibe (generalmente en segunda vuelta) el respaldo de por lo menos la mitad más uno de los votos ciudadanos, cualquier ONG lo previene de “seguir conculcando los legítimos intereses de los jóvenes normalistas, de sus padres y maestros” a quienes supuestamente representa y, con suerte, si así fuera, llegarían a una vigésima parte de los sufragios emitidos a favor del candidato ganador.
Nunca he creído, ni afirmo aquí, que la verdad sea cuestión de la mitad más uno de los votos de cualquier grupo de personas. Estoy planteando una comparación de peras con peras, esto es: –usted, que dice representar a los campesinos o a los obreros o a los estudiantes o a quienquiera que sea, ¿en dónde están sus votos? ¿Qué credenciales presenta para que se le deba reconocer alguna legitimación? Cosa distinta es que alguien dijera: “–el Presidente miente porque los hechos han sido así y no asá”. Insisto, para eso no hace falta ser mayoría sino probar los hechos. Pero para arrogarse la representación de cualquier persona, más vale tener credenciales que lo demuestren.
Esto es de enorme importancia en la Guatemala de hoy porque nuestro sistema de gobierno es democrático-representativo y los funcionarios electos han recibido los votos de la mayoría para cumplir con un mandato muy concreto. Juran, todos ellos, ser fieles a la Constitución. Y esa Constitución ordena y establece que la soberanía radica en el pueblo quien la delega, para su ejercicio, en los Organismos Legislativo, Ejecutivo y Judicial (Arto. 141) y, muy importante también, que el derecho de petición en materia política corresponde exclusivamente a los guatemaltecos (Arto. 137).
Entonces, no cabe duda de que aquí todos los guatemaltecos tenemos derecho a hacer peticiones en materia política, tenemos derecho a manifestarnos pacíficamente y a criticar a los que, por mandato y delegación nuestra, ejercen funciones públicas, pero no podemos hacerlo con pretensiones de representatividad por encima de la representación política de quienes integran nuestras instituciones democráticas fundamentales. No sin subvertir el orden. Esas personas que ocupan cargos de elección popular deben, por otro lado, comprender la grandeza de la dignidad de que han quedado investidos y no rebajarse ni permitir que terceros, sin representatividad acreditada, la mancillen o pretendan estar por encima, en materia de representación popular.
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