(Publicado por Siglo 21 en marzo de 2013)
El régimen jurídico de Guatemala y su reflejo económico están mal. El proceso político dentro del cual se desenvuelven no da para emprender una reforma respaldada por las élites y considerada razonable por el pueblo. Estamos estancados.
Sin embargo, en esa situación hay ganadores y perdedores. Los ganadores son de dos tipos: los privilegiados y los luchadores. Los perdedores también pueden clasificarse en dos tipos: los vencidos y los desorganizados.
Los privilegiados han sabido manipular ese régimen ya resquebrajado para obtener o aprovechar ventajas a veces discutibles a veces ilegítimas. Es bien sabido, se trata de subvenciones o subsidios, de exenciones, de proteccionismo u otras técnicas más sutiles y abarcan desde sindicatos de maestros hasta conglomerados empresariales.
Los luchadores compiten en un mercado complicado, basado en un sistema legal enredado y en una justicia en crisis. Sin seguridad personal ni certeza jurídica, hacen lo que pueden; algunos perduran en la formalidad otros se salen del sistema y pasan al «»estado de naturaleza»». Unos son PYMES otros son profesionales, unos son inversores extranjeros otros campesinos.
Los vencidos son grupos que, habiendo intentado manipular a su favor el sistema, han perdido temporalmente el pulso. Algunos de los empresarios de la duda flotante sin pagar o dirigentes de partidos en cuarto menguante.
Los desorganizados pagan los privilegios, son víctimas de extorsionistas y rateros y de burócratas mediocres o corruptores, con algunas honestas excepciones. Algo pagan de impuestos y algo dejan de pagar. Dan su voto, más o menos la mitad, y algunos ya no temen al Estado ni hacer justicia por propia mano.
Cosa aparte son los radicales. Ellos promueven la protesta, las invasiones, las ocupaciones, los bloqueos, a ver si el régimen se aguada, se afloja, se desinfla o se cae. Se sirven de grupos de perdedores que utilizan de carne de cañón.
Los grandes perdedores son los más débiles. Y, ¿Quién puede ampararlos? Obviamente, hay más de una visión y hay más de una opinión. La mía, por supuesto, discutible como todas, es la siguiente: Para que los más débiles tengan oportunidad de acceder a un ingreso digno, necesitamos inversores convertidos en empleadores, que compitan por contratar a esos perdedores de esta situación insostenible. Además, el gobierno tiene que dejar de gastar en adornos y tiene que empezar a gastar en oficiales del orden y la ley que los protejan contra mareros, rateros, extorsionistas y demás abusivos.
Por tanto necesitamos, dicho en otras palabras, dos cosas: un marco jurídico que de certeza para invertir en un marco de competencia generador de oportunidades y, impostergablemente, un gobierno que proteja a los débiles contra los abusos de los delincuentes. Para que ambos sistemas funcionen es indispensable un poder judicial verdaderamente independiente que, sin descanso, obligue a rendir cuentas a los responsables de gobernar y de cumplir su juramento de hacer valer la constitución y la ley.
Eduardo Mayora Alvarado.
@Vientomares
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