(Publicado por Siglo 21 en abril 2013)
No da igual organizar cualquier actividad que uno pudiera imaginar dentro del marco del mercado que dentro del régimen estatal. Sin embargo, creo que las principales razones por las cuales no da igual son poco comprendidas. Muchas personas afirman que cualquier servicio o producto suministrado privadamente tiene que ser más caro, porque el empresario que lo suministra “tiene que añadir su ganancia”. La implicación de que los costes producción y operación han de ser iguales en ambos casos, siendo diferente, únicamente, el hecho de que bajo el régimen estatal el consumidor no tiene que pagar las ganancias del empresario, carece de fundamento racional o empírico.
La gran diferencia e en cuáles son los incentivos que operan en cada uno de los dos sistemas (siempre y cuando el privado se desenvuelva en competencia abierta). Cuando, por ejemplo, un empresario de la educación es propietario de un colegio privado que compite con otros colegios, privados o públicos, sus incentivos se alinean en pos del siguiente objetivo: ofrecer la mejor calidad posible al menor precio. Por supuesto, todo ello como medio para maximizar sus ganancias. El empresario sabe que los padres de familia siempre están atentos a conseguir, sobre todo para sus hijos, la mayor calidad educativa al menor coste posible y que, a menos que les demuestre que su colegio es la mejor opción en esos términos, perderá clientela, fracasará y tendrá pérdidas.
El director de una escuela pública, en cambio, puede ser más o menos consciente de los deberes que como tal debe cumplir y puede que quisiera que el plantel que dirige brinde servicios educativos de calidad, pero hay muchos factores que inciden en eso (nombramientos, asignación de recursos materiales, sistemas, etcétera) que no dependen de él casi en lo absoluto. Y, en parte por esa razón, si las cosas van mal en su escuela, difícilmente será despedido. Si diez, treinta o cien padres de familia se llevan a sus hijos a otro lado, sus ingresos no van a cambiar y él no sufrirá pérdidas personales (de hecho, quizá se alegre de que la población estudiantil, y con ello sus problemas, disminuyan).
¿Por qué, entonces, los recientes estudios de la situación educativa nacional no muestran diferencia entre los colegios privados y las escuelas e institutos públicos? Primero, sí que hay diferencias y, dependiendo de qué criterio se emplee para interpretarlas, hasta pudieran considerarse significativas. Esto, sobre todo, porque en Guatemala no hay (quitando el caso de los colegios o institutos experimentales) un régimen, verdaderamente, de educación privada. En efecto, el Estado impone desde los contenidos o programas hasta el calendario lectivo y una multitud de detalles administrativos. De ese modo, parte de la virtualidad de la libre competencia, como estructura de incentivos adecuadamente alineados, desaparece.
Afirmar, pues, que en Guatemala hay dos sistemas educativos, uno privado y otro estatal, es falso. Realmente, hay un sistema estatal y otro altamente regulado que, por tanto, da menos fruto.
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