(Publicado por Siglo 21 en mayo 2013)
Algunos afirman que el juicio por genocidio y delitos de lesa humanidad seguido contra los militares retirados Efraín Ríos Montt y Mauricio Rodríguez Sánchez es, en sí y de por sí, meritorio. Que supone un hito en la historia política y jurídica del país, un “parte aguas”. Afirman que, lejos de generar una mala imagen de Guatemala produce todo lo contrario: admiración porque se está procesando a dos hombres que un día fueron poderosos, que dirigieron al Estado y a sus fuerzas armadas y, algo así, nunca se había visto.
Otros hallan el mérito de este juicio en que se está haciendo justicia a las víctimas, las cuales, afirman, han esperado más de treinta años para poder satisfacer su clamor por justicia. Sostienen que no se trata de una venganza, sino que de que “la verdad” sea conocida y que con base en ella se haga justicia. Este sería, de acuerdo con su parecer, el único camino a la reconciliación nacional. Una especie de exorcismo.
Sin meterme a juzgar las intenciones de los que han aportado esas opiniones, como tampoco las de los que piensan lo contrario, encuentro que es importante analizar esos pretendidos méritos del Juicio Ríos-Rodríguez.
Primero, ningún juicio puede estimarse en sí y de por sí meritorio, a menos que uno tenga un prejuicio en contra de los procesados. El mérito de juzgar a cualquier persona radica en que la investigación del fiscal, debidamente controlada por el juez competente, haya arrojado indicios suficientes para fundamentar que se realice el juicio penal propiamente dicho. Habrá quienes piensen que, efectivamente, las investigaciones del MP apuntan razonablemente a que los procesados actuaron con la intención de exterminar a la población Ixil. Me parece que hasta el momento solamente se ha reiterado lo que ya sabíamos desde hace décadas: que el conflicto armado trajo consigo una terrible cauda de abusos y crímenes execrables.
En segundo término nadie puede afirmar que, finalmente, se está haciendo justicia a las víctimas, a menos que abrigue un definido prejuicio en contra de la inocencia de los procesados. Uno solamente pudiera opinar si se ha hecho justicia o no al leer la sentencia del proceso y ser convencido por los jueces de que el fallo, condenatorio o absolutorio, está debidamente fundamentado.
En tercer y último lugar, creo que es falso que “los guatemaltecos” necesitemos reconciliarnos. La reconciliación sí es necesaria pero entre los líderes y partícipes de las facciones, partidos, instituciones y sectores que se enfrentaron durante el conflicto armado y sus sucesores ideológicos, así como entre algunos individuos que, en lo personal, militaron de un lado o del otro. Muchos de ellos –no todos—siguen mirando al pasado y su mente está fija en la batalla del momento. Para muchos de ellos, de ambos bandos, este juicio es esa batalla. Por mi parte, dudo mucho que la sentencia o la resolución que de cualquier manera le ponga fin contribuyan a que se produzca esa reconciliación. Más bien por el contrario, como se ha señalado acertadamente por algunos de los protagonistas del proceso de paz, esa resolución dará pie al inicio de la siguiente batalla. ¡Qué pena!
Excelentes sus columnas, Dr. Mayora. Siempre las leo. Felicidades y adelante!