(Publicado pos Siglo 21 en julio 2013)
El Presidente de la República ha anunciado que, en vista de la imposibilidad de que la actividad minera pueda desenvolverse en paz bajo el régimen jurídico actual, presentará una iniciativa de ley al Congreso de la República para que, por un lado, se declare una moratoria y, por el otro, se trabaje en un nuevo régimen jurídico, puesto al día y en el que, entre otras cosas, se contemple una participación en los beneficios, no solamente del municipio en que se ubiquen las minas, sino de todo el departamento.
¿Quién, realmente, gana con esto? Depende. Si uno lo mira desde el punto de vista del activismo anti-minería, no cabe duda de que para ellos esto es una victoria importante. Para el Gobierno, pues ante la multitud de frentes complejos y complicados que tiene abiertos, conseguir un par de años de cierta tranquilidad (suponiendo que la moratoria garantizara que los activistas concederán una tregua o que llevarán sus reclamos al proceso político-parlamentario, donde siempre debieran haber estado), es un beneficio neto también significativo. Para el Partido Patriota, de camino al arranque cada vez más anticipado de un próximo proceso electoral, pues también hay una ventaja interesante, ya que la temática minería-medio ambiente-comunidades, perdería, con la moratoria, buena parte de su dimensión conflictiva (tal vez) y lo más probable es que la opinión dominante en los medios de comunicación social fuera: “—el Gobierno ha sido prudente…”
Debido a la debilidad de las instituciones gubernamentales de Guatemala, en términos de su falta de capacidad para hacer valer la Ley, también es bastante probable que la moratoria impida la expedición de algunas licencias que, de haberse otorgado, hubieran dado lugar a la ejecución de proyectos mineros dañinos al medioambiente y poco rentables para el Estado y sus municipios. Por consiguiente, la posposición de esos proyectos nocivos también sería un beneficio.
Pero la moratoria también tiene un costo real y significativo. La industria minera legal y legítima, que cumple con estándares internacionales de protección al medioambiente y que hace uso de tecnología de punta, es uno de los motores de desarrollo en muchos países del mundo. Desde naciones desarrolladas, como Canadá, Australia o los propios Estados Unidos, hasta países en vías de desarrollo, como Sudáfrica, Chile o Perú, la minería es fuente de empleo, de actividad económica productiva directa e indirecta, de ingresos fiscales y de desarrollo social. Los guatemaltecos podemos, por medio del proceso político que establecen nuestra Constitución y nuestras leyes, optar por restringir o reducir a niveles insignificantes esta actividad económica tan importante, pero no podemos hacerlo sin asumir el costo de privar de un ingreso digno a muchas personas que, por otro lado y paradójicamente, al vivir en la pobreza, se esgrimen como la razón de ser de prácticamente el mismo activismo que se opone a la minería, a los proyectos energéticos (incluso los hidroeléctricos), a la industria de los hidrocarburos, etcétera. Es una paradoja a la que el Presidente y su gabinete debieran poner mucha atención. Ellos son los responsables de esta medida y sus efectos.
Sé el primero en comentar