(Publicado por Siglo 21 en agosto 2013)
Son tantos los incidentes de desorden administrativo o, en algunos casos, de corrupción en el manejo de los asuntos públicos, que la ciudadanía ha optado por una especie de “defensa sicológica”. Sí, me parece que se trata de una actitud de escepticismo casi total en relación con las intenciones de los políticos y de los altos funcionarios, y con la razón de ser de los proyectos y programas públicos. Eso está mal.
A ver. Dejando fuera al anarquismo, al recorrer el espectro político nos encontramos con que, yendo de izquierda a derecha, se le reconocen mucho más funciones útiles y legítimas a los poderes públicos en el punto de partida y mucho menos en el de llegada. Cada ciudadano tiene sus preferencias, sus convicciones, sus conveniencias… Pero incluso llegando al extremo derecho, las administraciones públicas encargadas de la seguridad interior, de la defensa exterior, de la prevención y la persecución del crimen, de la defensa pública, de la justicia, de los sistemas penitenciarios, de las relaciones exteriores, de las finanzas públicas para todos esos fenómenos administrativos, de los servicios de prevención y cuidado de la sanidad pública, de los servicios municipales cuya organización privada encuentra el obstáculo de costes de transacción prohibitivos, todas esas administraciones públicas deben: a) ser adecuada y profesionalmente organizadas; b) funcionar bajo una rigurosa fiscalización (a cargo de otra administración contralora); y c) rendir cuentas a los representantes de los ciudadanos de la gestión de todo lo que constituye el objeto de sus competencias. Y, ¿quiénes han de dirigir todas esas administraciones y determinar sus objetivos? Pues en última instancia necesitamos de “equipos de políticos” que compitan entre sí, que propongan a la ciudadanía sus respectivos planes y propuestas y, el que gane, pues que organice las cosas (las del poder público, se entiende; las de los particulares, allá cada quién).
Quién sabe de qué me vayan a tildar, pero verdaderamente creo que la mayor parte de los políticos, sin importar su ubicación ideológica, son bienintencionados. No es verdad que hayan ingresado a la política para robar sistemáticamente o cosas parecidas. Lamentablemente hay unos que sí y, he ahí el detalle, todo ese ensamble de administraciones públicas que debiera operar adecuadamente para reprimir a los que se meten para defraudar al erario, malversar, cometer peculados y cohechos, etcétera, no funciona. O muy mal. Y entonces el ciudadano de a pie interpreta el cuadro como si, realmente, lo que se diera es una complicidad de todos con todos, en la que no queda santo parado.
El corolario de esta visión es fatal pues, claro está, un ciudadano que entiende así a sus instituciones públicas se estima una especie de tonto cada vez que tributa o que cumple con alguna otra obligación ciudadana. Y de todo ello saco yo una reflexión para compartir con mis conciudadanos: no podemos dejar en manos de los sindicatos estatales el régimen de las administraciones públicas del Estado. Estas existen en función nuestra y de la “República”, y no de los sindicatos.
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