(Publicado por Siglo 21 en septiembre 2013)
A pesar de los pesares, sociedades como la nuestra han llegado a niveles de especialización y de división del trabajo importantes, de modo tal que la familia guatemalteca media demanda cotidianamente una variedad notable de bienes y servicios. Para poner unos cuantos ejemplos, por la zona metropolitana capitalina circula más de un millón de automóviles, en el país hay más teléfonos móviles que habitantes y no hay punto cardinal de la República en que se eche en falta un restaurante de comida rápida, como los de Los Ángeles o Taipéi.
Visto esto desde otra perspectiva, no obstante que se nos haya considerado por las élites locales y por las que dirigen a la ONU y los gobiernos de algunos países amigos, como «el país de la impunidad», una inmensa mayoría de guatemaltecos entiende claramente que, para subsistir y vivir en cierta paz y orden, debe respetar la propiedad de sus vecinos, honrar sus promesas, cumplir sus contratos, actuar con la verdad y no defraudar a aquellos con los que hace negocios. Solo así es explicable que existan los niveles de actividad económica observables, pues la ciudadanía nada tienen que temer a las sanciones legales ni a su aplicación por “los oficiales del orden” (¿cuáles?). Por el contrario, lo que esos guatemaltecos experimentan del lado de los poderes del Estado es una situación entre peligrosa y caótica: por el lado de sus representantes al Congreso, asisten a un proceso legislativo que ya casi sólo se mueve por intereses de partido o electorales; por lo que concierne al Poder Ejecutivo, se enfrentan a unas administraciones públicas sumamente ineficientes e incapaces de convertir los impuestos que pagan en gasto social efectivo o la deuda pública en inversión estatal y, para guinda del pastel, en lo que atañe al Poder Judicial, un sistema de justicia en crisis. Hay más: en todos los poderes del Estado y en sus entidades autónomas, los políticos han optado por complacer la interminable voracidad de los sindicatos, en lugar de enfrentarlos para dar a los ciudadanos un sistema de servicio civil razonable y eficaz.
Ante tal panorama pudiera pensarse que, en efecto, la sociedad puede organizarse y hasta desarrollarse sin necesidad del Estado. Pero en verdad esto sólo es posible hasta cierto punto pues, como tantas víctimas del robo, la extorsión, el fraude, la usurpación o el homicidio testimonian activa o pasivamente, cuando las funciones del Estado se conciben y organizan para que unos cuantos se enriquezcan a costa de los ciudadanos desorganizados y abandonados a su suerte, los órdenes sociales crujen.
Cuando el Estado abdica de sus funciones esenciales de proteger a la persona, sus derechos y sus libertades, para dedicarse a redistribuir rentas e ingresos y cuando no pocos de sus funcionarios se pasan al lado de la delincuencia, corrompiéndose y corrompiendo, la falencia del Estado se convierte en un riesgo real y, con el pretexto de evitar que la sociedad quede sumida bajo la violencia de los abusivos, las vías de hecho se alzan como una amenaza igualmente real. Del cosmos al caos.
Sé el primero en comentar