(Publicado por Siglo 21 en octubre 2013)
Santa Cruz Barillas es un pueblo relativamente insignificante en el contexto de la economía y la vida política del país. Apostaría a que nueve de cada diez guatemaltecos ignoraban su existencia hasta que un buen día comenzaron las “protestas pacíficas” de parte de sus pobladores en contra de la instalación de una planta hidroeléctrica cerca de allí. De entonces a esta parte han ocurrido multitud de incidentes violentos, que van desde la destrucción de edificios públicos hasta la muerte de un soldado, hace unos días.
Desde que se abrió el régimen legal de la generación eléctrica y se reguló el funcionamiento de un mercado para su comercialización y distribución, hará unos quince años, en Guatemala se han instalado muchas plantas generadoras de energía eléctrica. Gracias a ello, hemos dejado atrás aquellos años en que se racionaba el suministro y consumo de electricidad y en que los motores de generación eléctrica domésticos fueron vendidos por miles, en vista de la incapacidad del Instituto Nacional de Electrificación de generar y distribuir el esencial fluido. ¿Por qué, entonces, los acontecimientos de Santa Cruz Barillas?
Ante los graves disturbios ocurridos el fin de semana pasado, el Ministro de Gobernación indicó que tomaría medidas para expulsar a los extranjeros que, habiendo ingresado al país con una visa de turismo, estaban involucrados en acontecimientos como los de ese pequeño pueblo del occidente del país. Y es esto, precisamente, lo que explica por qué en muchos otros sitios en los que se han instalado plantas de generación eléctrica no ha habido confrontaciones violentas, vandalismo, coacciones y asesinatos. No afirmo que ese activismo violento anti-sistema sea protagonizado exclusivamente por extranjeros, pero no cabe duda de que un buen número de ellos que, encontrando condiciones propicias en nuestro país, se permiten promover todo tipo de actividades ilegales y violentas, que subvierten el orden público.
Daniel Pascual, un autonombrado dirigente “campesino”, declaró a la prensa que, de expulsar a los extranjeros se debe empezar por las transnacionales (Siglo 21, 01-10-13). Pero hay una pequeña diferencia que, como suele decirse, hace toda la diferencia. Esas mineras e hidroeléctricas que el señor Pascual quisiera ver expulsadas han solicitado y obtenido las autorizaciones legales necesarias para operar en el país, al igual que los permisos requeridos para instalar sus plantas generadoras; los activistas extranjeros no. Han declarado ingresar a Guatemala como turistas pero su objetivo ha sido el de generar disturbios como los de Santa Cruz Barillas, generalmente con base en mentiras y tergiversaciones sobre los daños ecológicos o para la salud que, supuestamente, sufrirían los pobladores a manos de esas empresas.
Todos los habitantes de la república tienen derecho a preferir un régimen colectivista, en el que los medios de producción sean del Estado o de las comunas, pero nadie, mucho menos un turista, tiene derecho a emplear el engaño, la coacción y la instigación a la violencia para hacer valer sus preferencias ideológicas. Ante la violencia no cabe el diálogo, debe imponerse la legalidad.
Sé el primero en comentar