No hace mucho me encontraba en un centro de estudios de los más importantes del país. Se me había invitado para plantearme participar en una reunión de centros de estudios similares a nivel panamericano. A esa reunión acudieron profesionales, todos, de notable trayectoria en sus actividades, tanto intelectuales como en el servicio público e incluso, algunos, en la política. La presentación del proyecto, su contenido y su implementación fueron, como era de esperarse, reflejo del alto nivel de profesionalidad de dicho centro de estudios.
Sin embargo, no pude menos que compartirles mi impresión de que, en Guatemala y algunos de los otros países iberoamericanos involucrados en el proyecto, el remedio necesario ya rebasa por mucho el plano de las políticas públicas, siendo indispensable ir al «pacto social» fundamental y aplicar cirugía. La respuesta que algunos me dieron fue, más o menos, que estaba claro que para una reforma constitucional no había ambiente, no había buena disposición.
Para mí lo más grave de esa reflexión es que no se referían a los políticos, sino a ese conglomerado de organizaciones lideradas por un grupo de personas relativamente chico que conocemos como «sociedad civil». Sí, de acuerdo con lo expuesto nuestro porvenir seguirá determinado, quién hasta cuándo, por un diseño constitucional desastroso en muchos aspectos. El peor, sin duda, es el relativo al sistema de justicia.
Hasta el día en que escribí este artículo los magistrados de la Corte Suprema de Justicia habían fracasado más de una treintena de veces en elegir a su próximo presidente. Y esto no se debe a que sean incapaces de extraer, de entre trece juristas experimentados, a quién deba hacer cabeza por los once meses que quedan para la conclusión de sus funciones. Se debe a que cada uno de los dos grupos se identifica con sectores, grupos de poder, grupos de interés y hasta partidos que sustentaron su postulación.
El problema fundamental está en el diseño constitucional del sistema de justicia. Las postulaciones y elecciones para la CSJ y demás tribunales colegiados cada cinco años, ha demostrado ser la mejor fórmula para que la justicia se politice y para que los grupos de presión penetren el sistema, cada uno con sus propios objetivos.
Me parece absurda la idea de que los guatemaltecos debamos esperar que los integrantes de esas comisiones de postulación vayan a despojarse de todo interés personal, sectorial, político, etcétera y, como verdaderos ángeles, busquen en cada rincón de la patria a otros guatemaltecos igualmente identificados con el interés general, la justicia y el deber, para que, heroicamente, dejen sus bufetes, sus ingresos y la tranquilidad de sus vidas para ir a condenar a mareros, extorsionistas, sicarios asesinos, funcionarios corruptos, narcotraficantes, defraudadores, etcétera, a cambio de una remuneración peor de la que reciben en la actualidad y, encima, ¡sólo por cinco años!, al cabo de los cuales deberán volver a sus bufetes a encontrar que sus clientes se han ido con otros profesionales. Esto es insostenible.
Eduardo Mayora Alvarado.
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