Primera imagen: a la vera de una carretera importante para el transporte de carga y de pasajeros, comienzan a instalarse unas cuantas ventas. Ni la Dirección General de Caminos (DGC), ni la PNC, como tampoco la municipalidad jurisdiccional (la “Muni”) mueven un dedo. Segunda imagen: tres o cinco años después, se ha desarrollado un caserío desordenado en torno a la actividad comercial que ocupa parte de las zonas adyacentes a la carretera, que son bienes públicos de uso común. El caserío incluye residencias, talleres, comedores públicos, etcétera, y tanto los habitantes del caserío como los clientes de los locales comerciales y de las ventas usan la carretera y sus zonas adyacentes como “plaza pública” y estacionamiento, a los lados. Ni la DGC, ni la PNC como tampoco la Muni mueven un dedo.
Tercera imagen: los autobuses extraurbanos, ya antiguos y sobrecargados, pasan por ahí de dos maneras; bien a excesiva velocidad, bien deteniéndose en cualquier parte del área de la carretera a la cual es adyacente el caserío, para recoger o dejar pasajeros. Generalmente se “pelean” por ellos, deteniéndose abruptamente o cruzándose de un lado a otro sin poner señales ni nada. Ni la DGC, ni la PNC como tampoco la Muni mueven un dedo. Cuarta imagen: unos niños juegan pelota a la vera de esa carretera, convertida en plaza pública, y uno de esos autobuses, por intentar asegurar un pasajero más, atropella a uno de los niños. El chofer se da a la fuga y, por supuesto, ni la DGC, ni la PNC como tampoco la Muni mueven un dedo.
Cuarta imagen: siete u ocho años más tarde surge el servicio de tuc-tuc para traer y llevar a los habitantes del caserío, ya bastante poblado. Se mueven como una suerte de avispas que cruzan la carretera para recoger a sus pasajeros, obligando a los automóviles, camiones y autobuses a maniobrar bruscamente para no aplastarlos. Ni la DGC, ni la PNC como tampoco la Muni mueven un dedo.
Última imagen: un automovilista viajando a excesiva velocidad colisiona con un tuc-tuc; mueren tres personas. La DGC instala tres túmulos enormes (que a los pocos meses ya no se miran porque la pintura se ha desvanecido), uno cada cincuenta metros, para reducir la velocidad del tráfico.
Una de las medidas del desarrollo de la economía de cualquier país es, precisamente, a qué velocidad promedio viajan sus habitantes y las mercancías que comercian. Debido a las imágenes propuestas arriba y al hecho de que ni a las autoridades de gobierno ni a las locales les ha interesado hacer valer la Ley en ese tipo de circunstancias desde hace un par de décadas, prácticamente todas las carreteras importantes del país conforman un fenómeno caótico, excesivamente ineficiente y, a pesar de los túmulos, peligroso. La gran paradoja es que eso les afecta, de manera más pronunciada, a los pobres del país, como los que venden frutas o comida, o reparan pinchazos a la vera de las carreteras. Cuando el Gobierno no hace valer la ley en el ámbito de lo público, casi todos se van tornando abusivos y también más pobres.
Eduardo Mayora Alvarado.
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