Como he dicho en alguna ocasión anterior, la Constitución Política vigente ha dejado, al cabo de sus casi treinta años de vida, una serie de ganadores y de perdedores. En algunos casos era previsible, en otros, quizás no tanto. El problema es que los grupos de ganadores y los de perdedores no coinciden con criterios aceptables, desde una perspectiva de los fines del Estado, desde el punto de vista de la eficiencia económica, o del de la ética pública.
No, los grupos de ganadores producidos por el régimen que fluye de la Constitución Política son, principalmente, los que han sabido manipular las debilidades del sistema y el hecho de que ha sido diseñado para intervenir en todo (si no me cree, lea las disposiciones sobre los Derechos Sociales y los artículos 118 y 119), para conseguir ventajas o privilegios de la más diversa índole (desde los de los sindicatos hasta los de los exportadores, pasando por los de los cooperativistas, etc.). Al lado de estos se han sumado los que, al amparo de un Poder Judicial ineficaz, concebido como un aparato burocrático más y, por tanto, renovable cada cinco años, son los “nuevos ricos de la corrupción”.
Ante el cuadro que se ha ido pintando, de estancamiento económico, de delincuencia sin freno, de disfuncionalidad institucional, de incompetencia administrativa y de corrupción, los perdedores han reaccionado de un modo tan elocuente como problemático: se han salido del Estado. Sí, viven en la informalidad económica, de acuerdo con sus propias reglas, pagando solamente los tributos que les da la gana, proveyendo a su propia seguridad (los que pueden) y participando en unos mercados inundados de mercancías contrabandeadas y de servicios en negro.
Los partidos políticos se han transformado en organizaciones concebidas para llegar al “poder de la bolsa”. Es decir, para llegar lo más cerca que se pueda a la gestión de los presupuestos públicos y a la administración de los permisos, licencias y concesiones estatales pues, de la gestión de los más o menos sesenta millardos que circulan por las tuberías de las finanzas públicas, salen los medios para pasar a mejor vida, pero en esta vida.
Como este cuadro se presenta a los ojos de cualquier persona como grotesco e ilegítimo, los grupos más radicales aprovechan para protestar violentamente, ejerciendo todo tipo de coacciones que afectan sobre todo a los perdedores pues, razonando lógicamente, saben que lo gestores del “Estado Piñata” no se sienten legitimados para usar la fuerza pública, para hacer valer las verdaderas leyes de la sociedad: sus leyes penales, sus leyes civiles y las que ordenan su vida comercial.
La reforma del Estado, comenzando por su Constitución, es indispensable porque alrededor del setenta por ciento de su población ya ha dejado el sistema; los que se han quedado están en la lucha por obtener más ventajas y privilegios o bien, procurando ejercer el poder de la bolsa estatal para provecho propio. Es verdad, algunos quedan dentro del sistema que también son del grupo de los perdedores y, por eso, están desesperados.
Eduardo Mayora Alvarado.
Sé el primero en comentar