A la Administración Tributaria de Guatemala –como al resto de la Administración Pública—se la utilizó por primera vez, de modo masivo y sistemático, para retribuir a los activistas y afiliados al partido, según mi opinión, durante el gobierno de la Democracia Cristiana. De ahí en adelante, casi todas las administraciones públicas del Estado han ido para peor, manipuladas, además, por dirigentes sindicales sin la menor visión o noción de servicio público o de servicio civil que pueda imaginarse.
Empero, en lo concerniente a las antiguas direcciones generales de Rentas Internas, de Aduanas, de Matrícula Fiscal, etcétera, el deterioro fue de los peores. Esto seguramente se debe a que cada quetzal que usted paga de impuestos, deja de estar disponible para otros fines. Quienes ven en el Estado el factor fundamental de desarrollo del país replican: –no, ese quetzal ya no está disponible para otras cosas, pero sí para policía y justicia, salud, educación, cultura, deportes, infraestructuras, universidad, seguridad social y, por supuesto, para la promoción de las costumbres y los modos de vida de los grupos indígenas.
Ahora bien, la realidad es que, independientemente de hasta qué punto sea aconsejable, posible, conveniente o eficiente colocar todas esas cosas bajo la responsabilidad de las administraciones públicas del Estado, lo cierto es que en Guatemala el modelo de “estado benefactor” o de “estado providencia” ha sido un fracaso rotundo. Y, como consecuencia de ello, de las falencias y las limitaciones de esa cornucopia de bienes y servicios que supuestamente serían fruto de los tributos que paga, pues el ciudadano medio ha optado por salirse del sistema.
En efecto, los niveles de elusión y de evasión fiscal en el país son enormes, como también su sector informal. Gobierno tras gobierno intentan que los pocos que van quedando en el redil paguen más, pero eso trae como consecuencia, precisamente, el efecto contrario: –mientras más caro sea el Gobierno y peores sean sus servicios, mayor es también el incentivo para salirse del sistema.
Si el Presidente de la República verdaderamente quisiera mejorar la recaudación fiscal, lo que necesita hacer es reformar el sistema de justicia tributaria. Esto implica establecer unos cien tribunales de lo tributario (con magistrados de carrera, es decir, inamovibles, salvo el caso de mala conducta) y crear una división de la PNC, entrenada a nivel universitario, con elementos remunerados a nivel profesional, con sistemas de inteligencia de punta que, por tanto, sean capaces de investigar y perseguir todos los fenómenos graves de defraudación tributaria y de defraudación aduanera.
Para su funcionamiento de ordinario y eficiente, es indiscutible que la SAT necesita poder contar con profesionales de alto nivel y bien pagados, con sistemas automatizados basados en software de vanguardia y con una planificación estratégica adecuada. Todo eso puede suponer la contratación de consultores especializados pero, por supuesto, sin delegar funciones legales de la SAT en cualquiera de ellos porque, si bien las herramientas pueden ser suministradas por proveedores privados, su utilización para ejercer funciones públicas sólo puede hacerse por funcionarios del Estado.
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