La semana anterior afirmaba que, el prejuicio en contra de las privatizaciones, aprovechado por el pre candidato Baldizón en un reciente anuncio de prensa, es absurdo porque los recursos o las actividades cuya privatización se objeta, realmente, no están en manos “del Estado”. Están en manos de funcionarios que, en el mejor de los casos, los gestionan a modo de no contrariar a sus jefes, a los políticos que gobiernan, a la oposición que puede cuestionarlos, a los patrocinadores del partido, a las bases del partido o a la prensa y, además, a modo de no arruinar sus carreras, sea como funcionarios públicos sea en la arena política.
Ahora bien, tampoco es preciso afirmar que los recursos, bienes o actividades privatizadas pasen a manos “del sector privado”. Esta idea sirve para designar a un conglomerado bastante diverso que, realmente, no actúa como un colectivo. Es verdad que hay unas cámaras y una especie de confederación de cámaras y que las unas y la otra promueven los intereses de sus afiliados. Pero cuando se privatiza algún recurso o actividad, estos pasan a manos de una empresa determinada y no “del sector privado”.
Del mismo modo como todos y cada uno de los funcionarios actúan, al final de cuentas, en pos de sus intereses individuales y de las organizaciones y relaciones que sustentan sus carreras (dentro del marco de la Ley, y muchos de ellos también de la decencia), también los empresarios actúan en pos de sus intereses individuales (también legales y legítimos). En el ámbito de la empresa privada, eso se traduce en la maximización de las utilidades de los dueños de la empresa y, por tanto, muchas personas llegan, simplistamente, a la siguiente conclusión: -si se privatiza tal recurso o tal actividad, como el empresario que lo adquiera tratará de maximizar sus utilidades, esto se volverá más costoso.
Esto realmente depende de cómo se privatice el recurso o la actividad. Si se conceden privilegios temporales o permanentes, en forma de protecciones monopolísticas, por ejemplo, la inexistencia de un ambiente de libre competencia cuando los recursos o actividades estaban en manos “del Estado”, simple y sencillamente se trasladaría a la empresa, con todo y las ganancias monopolísticas respectivas.
Si, en cambio, el proceso de privatización se lleva a cabo de modo que la empresa que adquiera el recurso o la gestión de la actividad tenga que competir, existen entonces buenas probabilidades de que los bienes o servicios resultantes vayan a estar disponibles en mayor cantidad, a más bajo precio y con mejor calidad. Por tanto, las privatizaciones no son buenas per se, sino cuando para adquirir los recursos o las actividades que fuera, el proceso es abierto y en competencia y, una vez completado dicho proceso, las empresas que compran los recursos o las actividades, deben luchar por cada consumidor en un mercado competitivo.
Por último, ¿es verdad que se trata de los recursos “del pueblo”? No. El pueblo de los recursos gestionados por funcionarios públicos, realmente, no toca un pelo. A veces, mientras aguanta el despilfarro, los combustibles se vende a precios absurdos o las empresas estatales pagan a sus empleados sindicalizados sueldos igualmente absurdos, por ejemplo. Pero tarde o temprano, el esquema se derrumba (he ahí el caso PEMEX).
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