Fechado diciembre de 2014, el Arzobispo Metropolitano, el presidente de Alianza Evangélica de Guatemala, el Procurador de los Derechos Humanos y el Rector de la USAC han publicado un documento intitulado “Consideraciones sobre la Situación Actual de Guatemala”. Ahí se hacen eco de las denuncias formuladas ya por muchos, al igual que del clamor de las miles de víctimas de un sistema político y gubernamental tan ineficaz e ineficiente, que ha sido aprovechado por una gama enorme de delincuentes y abusivos, para beneficio propio y valiéndose bien de la violencia, bien del engaño, bien del poder del propio Estado.
Pero, ¿cuál es su propuesta, su orientación, su luz? ¿Cuál es su diagnóstico de las causas últimas de esta degradación moral, institucional y administrativa y cuál es el plan concreto que plantean? Por mi parte, no encuentro más que una exhortación a los ciudadanos a asumir la responsabilidad de rescatar a Guatemala y a esperar propuestas del Gobierno. Realmente, no veo en esto un aporte a la solución de la situación denunciada sino un recuento un tanto desordenado de acontecimientos y circunstancias que, por otra parte, figuran a diario en las páginas de la prensa.
Lo que acabo de decir no descalifica al “G4” ni tiene por objeto cuestionar sus intenciones. Yo creo que son rectas y que han actuado movidos por un sincero sentido del deber, connatural a los cargos que ocupan. Sin embargo, tanto ellos como los demás integrantes de las élites, deben pasar –y sin perder tiempo—a concebir el plan de la “segunda reforma”.
En mi humilde opinión, ese plan pasa por la conformación de por lo menos tres grupos de notables. Uno de ellos debe conformarse por los mejores juristas del país; el segundo por el liderazgo de los principales sectores no partidarios de la vida nacional; y el último por el liderazgo de los partidos políticos.
El grupo de juristas debiera procurar articular tres anteproyectos, a saber: la reforma integral ideal de la Constitución Política; una reforma acotada a los órganos de contralor y al sistema de justicia; y por último, una reforma circunscrita al sistema de justicia. El segundo de los grupos tiene que procurar negociar el proceso gradual hacia la supresión de sus respectivos privilegios sectoriales, no importa que estén del lado productivo o del lado sindical, si en el ámbito estatal o de las ONG, debe llegar el día de su total abolición. El tercer grupo debe procurar negociar un pacto político que sustente adecuadamente el proceso de reforma constitucional y que convoque a toda la ciudadanía a brindar un respaldo y legitimidad democrática a esta “segunda reforma”, por medio del referéndum que manda la Constitución.
Para la conformación de los tres grupos de notables y para que sus labores arranquen y se desarrollen en orden y con los recursos adecuados, debiera ser el propio Jefe del Estado el que comprometa su apoyo y asuma la conducción del proceso. En su defecto, tendrían que surgir otros “líderes naturales”. Ojalá.
Sé el primero en comentar