En cierto modo, la CICIG tiene su propio “pecado original”. A mi juicio éste consiste en que, realmente, lo que motivó su creación fue, más bien, una de las secuelas de esa lucha ideológica entre los sucesores de la Subversión y los sucesores del “Estado contrainsurgente”. En efecto, la existencia, que nunca se ha podido comprobar, de los “CIACS”, esto es, de los “cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad”, fue el factor dominante a la raíz del experimento.
Los CIACS son un fenómeno que tiene un significado muy específico dentro del contexto de esa lucha ideológica. Los CIACS, en opinión de los sucesores de la Subversión, habrían sido deliberadamente organizados por el Estado contrainsurgente para enfrentar a la insurgencia armada y, como Frankenstein, habrían adquirido vida autónoma. El Estado que firmó la Paz se comprometió, por lo tanto, a perseguir y someter a los CIACS. Según los sucesores de la Subversión, no cumplió con esto.
Pero el pecado original al que aludo no está tanto en que los promotores de la malograda CICIACS –antecesora de la CICIG—la propusieran para perseguir a los CIACS, sino en que se tratara, para algunos de los protagonistas del proceso, de una especie de “táctica” en el marco de su lucha ideológica.
Por esa razón, cuando se plantea una “comisión contra la impunidad”, en lugar de enfocarse el proyecto (como sostuve muchas veces) en la fuente más importante de impunidad en Guatemala, es decir, en la mala concepción y articulación del Poder Judicial en nuestra Carta Magna, el foco se puso en la persecución penal. Sí, la CICIG vino a ser una suerte de “fiscalía ad hoc” para ir tras los CIACS y fenómenos análogos, en lugar de una comisión que, verdaderamente, mirara a un futuro de “imperio del derecho y la justicia”.
En efecto, la CICIG ha sido un intento de volver al pasado en lugar de plantearse como un genuino proyecto de reforma de un sistema de justicia que, ya para cuando la CICIG se constituía, era tremendamente disfuncional.
Desde antes de irse, el Comisionado Castresana comprendió que, con el Poder Judicial como se articula por la Constitución, su misión era, ni más ni menos, una “misión imposible”. Planteó la reforma, como también lo ha hecho el actual Comisionado, enfrentando una de las ironías más grandes de la historia de las instituciones de Guatemala.
¿En qué está lo irónico? Pues que el propio Estado que se declaró incapaz de luchar por sí solo contra la impunidad, cuando esa especie de asesor-actor, cuyo apoyo requirió a la comunidad internacional, le planteó la necesidad de reformarse, ha rechazado el consejo. Pero lo ha rechazado por una razón específica: la discusión de una reforma es asunto interno y para eso, la CICIG no ha sido invitada.
La impunidad no está, por supuesto, solamente enraizada en el Poder Judicial; pero el quicio del sistema de justicia es, precisamente, el Poder Judicial. Esa era la razón principal por la que la CICIG no iba a poder dar fruto, pero tampoco creo que fuera la principal motivación de sus promotores la reforma del sistema, porque ellos miraban al pasado.
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