Saltar al contenido

¿CIACS=MAFIAS?

                 Pienso que en todos los aspectos de la vida y la condición humana, la falta de precisión, las ambigüedades, no ayudan. En lo que a la CICIG y a sus antecedentes se refiere, es importante, me parece, que se ventile con la objetividad que fuera posible si el oneroso experimento ha tenido éxito o no y por qué.

            En ese orden de ideas, opinaba yo la semana pasada que, planteada como una “comisión contra la impunidad en Guatemala”, la CICIG careció de probabilidades reales de tener éxito, en buena parte, por lo que he llamado su “pecado original”.  La CICIG no nació para luchar, en términos generales, contra la impunidad.  No se organizó para liberar a los pequeños comerciantes, transportistas, oficinistas, etcétera, de las extorsiones u otros fenómenos que destruyen sus ahorros, la tranquilidad de sus vidas o, eventualmente, sus vidas mismas. No.

            La CICIG se organizó para perseguir eso que en el Acuerdo de Derechos Humanos se denomina, exactamente: “cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad”. Y en esta noción las palabras “de seguridad” tienen un significado decisivo.

            En efecto, en dicho acuerdo el Estado reconoce la posibilidad de la existencia de los CIACS y asume el compromiso de combatir cualquier manifestación de los mismos.  El aparato clandestino “de seguridad” no es ni más ni menos que una aberración del sistema de seguridad legal y legítima del Estado.  Al operar el aparato clandestino de seguridad a ciencia paciencia del régimen, obviamente, cobra impunidad.  Los CIACS, por tanto, actúan por cuenta del Estado en materia de seguridad, ilegalmente, impunemente y, en el caso al que se alude en el Acuerdo de Derechos Humanos, violando ese tipo de derechos.

            Así, los CIACS no son ni pueden confundirse con una docena de funcionarios civiles o militares que se valen del poder y sus cargos, por ejemplo, para traficar con autos robados, con la chatarra que producen los órganos públicos o con las armas o municiones del Ejército.  Puede que esas mafias cuenten con sombrillas o cortinas de impunidad al seno del Gobierno, a cambio de dinero, generalmente, pero su objetivo es esencialmente distinto del de los CIACS. Su objetivo pertenece al ámbito de los delitos comunes (por mucho que sean graves).

            Es por eso que la batalla contra los CIACS era un objetivo demasiado estrecho como para equipararlo con la lucha contra la impunidad en general, además, porque el quicio y el elemento fundamental de cualquier sistema de justicia, es el Poder Judicial.  La última palabra la tiene el juez, no el fiscal ni el defensor, el detective o el forense.

Por supuesto, el Poder Judicial, solo, es insuficiente para la realización del ideal de justicia; sin embargo, cuando es robusto tiene mucha mayor capacidad de corregir errores y de evitar abusos, de sancionar las faltas de diligencia y de atribuir responsabilidades que todos los otros órganos auxiliares de la justicia.  La lucha contra la impunidad debe comenzar por el Poder Judicial y, por tanto, la reforma constitucional del sistema es imperativa.  Al haberse enfocado el experimento en combatir a los CIACS, mucho tiempo y esfuerzo se han perdido en la lucha contra la impunidad, en general.

Publicado enArtículos de PrensaPolíticaSociedad

Sé el primero en comentar

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *