Al cabo de casi tres décadas, habiéndose jugado unas seis partidas bajo las reglas de la actual Constitución, ha habido ganadores y perdedores. Como siempre ocurre en este tipo de procesos, los diversos jugadores han intentado llegar a integrar, al cabo de cada ciclo de cinco o de cuatro años, una posición ganadora. Y lo han intentado de un modo que sea más o menos sostenible, es decir, “sin romper totalmente el equilibrio”.
Por supuesto, los jugadores que han ido logrando figurar entre los ganadores netos dentro del marco de las reglas constitucionales del 85 y del 93, quisieran que se mantenga el equilibrio y el trabajo de los agentes políticos, en parte, consiste en plantearles a los ganadores que las exigencias de los grupos perdedores amenazan con romper dicho equilibrio.
Dentro de esa dinámica, los agentes políticos asumen unos riesgos muy altos, porque las posibles ganancias son igualmente importantes: el poder. Dicho de otro modo, los procesos electorales se ganan por los equipos de agentes políticos que le plantean a los grupos de ganadores y de perdedores una nueva fórmula de equilibrio que, de implementarse, generaría mayor estabilidad.
Por supuesto, los agentes políticos procuran presentar a todos los grupos, tanto de ganadores como de perdedores, fórmulas en que todos, todos, mejoran. Pero eso es imposible dentro del marco del proceso político porque, a diferencia de los mercados, en los que su crecimiento depende de que todos hayan actuado para mejorar, en el proceso político el pastel es de un determinado tamaño y punto. Dentro del marco del proceso político, tarde o temprano, la rodaja que crece para el grupo alfa disminuye para el grupo beta.
Es verdad que en la visión keynesiana el Estado sería capaz, por medio de la gestión gubernamental, inflando la economía y gastando fondos públicos, hacer crecer ese pastel por algún tiempo. Desafortunadamente, esta teoría no reparó en el problema de que, cuando se ha generado un nuevo equilibrio basado en inflación y déficits fiscales, los incentivos del proceso político-electoral, impiden que “pare la fiesta” y que las cosas se reajusten volviendo a la sobriedad.
Pero dejando eso de lado, en el caso de Guatemala la reforma constitucional del 93 limitó en una medida importante hasta qué punto los agentes políticos pueden intentar que el pastel crezca para todos y, por consiguiente, los diversos grupos que juegan las partidas bajo las reglas constitucionales imperantes, hacen sus cálculos, al apostarle a cada partido político o coalición, con base en cuánta credibilidad pudiera tener la nueva fórmula de equilibrio que les fuera planteada.
Este proceso no solamente ocurre aquí, puesto que no existe la “Constitución Perfecta” y, por tanto, todas generan algunas distorsiones que se traducen en ganadores y perdedores, gracias a la gestión del partido político o coalición en el poder. Pero cuando las distorsiones pueden ser muy grandes, como aquí, o cuando los grupos de jugadores se olvidan de que hay una ciudadanía desorganizada, que a su vez es víctima de todos los que disfrutan de algún privilegio neto, el peligro de que surja un líder mesiánico, que después se convierta en un déspota, es muy grande.
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