Desde hace ya unos años la Ley es la culpable. Se la culpa de que suban precios, de que bajen precios, de que suban las inversiones, de que bajen las inversiones, de que haya más extorsiones, de que no puedan cobrarse las deudas, de que no pueda condenarse ni reducirse a prisión a los delincuentes, de que no pueda investigarse la malversación de fondos públicos, de que no puedan auditarse los fideicomisos que gestionan miles de millones financiados por los contribuyentes y, en fin, de cualquier mal imaginado o existente se culpa a la Ley.
Creo que esto se debe, principalmente, a tres factores: primero, a que se tiene una idea errónea de qué es la Ley; segundo, a que se ignora cuál es el contenido de la Ley; y, por último, a que los medios de comunicación social, en general, se tragan el pretexto.
Así, muchos piensan que la Ley tiene vida propia o que opera por sí sola. Creen que, promulgada por el Congreso de la República, ya se auto aplica y que, de algún modo misterioso, una vez publicada en el Diario Oficial, pues ya está y no hay nada más que hacer. ¡De ninguna manera! Las leyes establecen derechos u obligaciones, o bien, procedimientos para invocar esos derechos y hacer valer esas obligaciones. Así, por ejemplo, la leyes que prohíben que cualquier persona contamine el ambiente con ruidos estridentes o con gases tóxicos le confieren a las víctimas el derecho de acudir a un órgano administrativo estatal o a un juez para exigir que, por la fuerza si menester fuera, los órganos del Gobierno o del Poder Judicial hagan valer la obligación de los infractores de abstenerse de contaminar el ambiente. O, por ejemplo, las leyes que establecen las atribuciones del Congreso o de la Contraloría General de Cuentas, obligan a los funcionarios respectivos, so pena de incurrir en faltas administrativas o incluso penales si omiten cumplir con sus deberes legales, a investigar y promover el castigo de cualquier delito contra el erario público (incluyendo la defraudación aduanera).
En cuanto a lo segundo, pues tal parece que se supone que en Guatemala se extorsiona o se incurre en actos de corrupción porque no hay leyes que lo prohíban. La gente se lleva las manos a la cabeza y dice: — ¡cómo es posible que pase esto! Alguna ley debiera prohibirlo. Ignoran (así parece) que, desde siglos atrás, nuestros códigos han fijado penas y otras consecuencias para quien roba, falsifica, abusa, usurpa, trafica influencias, se enriquece a costa del erario público, defrauda a personas privadas o al Estado, etcétera.
Por último, a los que detentan posiciones de gobierno o de alta dirección en la política nacional les viene como caída del cielo la aparente disposición de los medios de comunicación social a tragarse que, efectivamente, si “cayó un meteorito” seguramente sea porque la Ley no lo ha prohibido.
Mientras se siga creyendo que las leyes se auto aplican, mientras se siga ignorando por la ciudadanía (porque no se aplican) el contenido de las leyes y mientras los medios se sigan tragando un pretexto por lo general tan absurdo, muchos políticos van a seguir saliéndose con la suya.
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