Un buen número de comentaristas y expertos consultados estos días por los medios plantean una cuestión fundamental: ¿por dónde empezar? Se refieren a que, desnudado por el escándalo de corrupción aduanera a manos de la banda “la Línea”, el modelo jurídico-político del Estado guatemalteco demuestra haberse agotado.
Es una cuestión fundamental pues, efectivamente, se refiere a las bases, a los cimientos, en lugar, como bien dice el dicho: “de andarse por las ramas”. Andarse por las ramas, en estos momentos, es lo que hace unas semanas proponía el Presidente de la República, a saber: hacerle retoques por aquí y por allá a la SAT. Metafóricamente hablando, el tumor canceroso del Estado guatemalteco no está ahí. Es obvio que la enfermedad se ha ramificado y ha llegado ahí y a muchos otros ámbitos de acción (o de inacción) del Estado, pero el tumor está en otra parte.
Los acontecimientos relativos al escándalo sucedáneo del relativo a la administración aduanera, es decir, los intentos de sobornar jueces y la posibilidad de que una magistrada de la Corte Suprema de Justicia pudiera estar involucrada, debieran servir para encontrar la respuesta correcta a esa cuestión fundamental. Sin embargo, para mi asombro, esta segunda bomba institucional y mediática no pareciera ser suficiente para establecer la relación causal directa entre ambos escándalos y la respuesta certera a la cuestión de por dónde empezar.
A ver si planteándolo de este modo logro arrojar alguna luz sobre el tema: las denuncias iniciales del MP-CICIG y sus indicios preliminares deben ser valorados por un juez, para decidir quiénes deban o no quedar sujetos a proceso penal y en qué situación (libres bajo fianza o en prisión, etc.); llegado el día del juicio, las investigaciones del MP-CICIG y las pruebas que hayan recabado deben ser valoradas por un juez, para decidir quiénes deban ser condenados y quiénes absueltos y por qué; las recusaciones, amparos, apelaciones, etcétera, que se vayan presentando por los abogados defensores tendrán que ser conocidas y resueltas por otros jueces o magistrados; la decisión de levantar o no la inmunidad de que gozan la juez y la magistrada denunciadas como posiblemente sobornadas, depende del análisis que hagan otros magistrados; la determinación de si el Congreso puede o no descartar completa a la terna propuesta por el Presidente (si llegara a presentarse esta situación), correspondería a determinados magistrados; las denuncias que se hayan presentado en contra de la ex Vicepresidente tendrán que ser tramitadas y resueltas por varios jueces, etcétera, etcétera, etcétera.
En otras palabras, pues, de nada serviría reformar a la SAT, a la Contraloría General de Cuentas, al sistema aduanero o lo que usted quisiera, estimado lector, si primero no se reforma el sistema de justicia, cuyo núcleo duro es el Poder Judicial. Si de verdad aspiramos a ser un régimen jurídico-político en el que impere el derecho, es decir: un Estado de Derecho, tenemos que contar con jueces y magistrados verdaderamente independientes, verdaderamente protegidos institucionalmente contra los riesgos inherentes a la función judicial, verdaderamente confiables y creíbles. Por ahí debemos empezar.
Sé el primero en comentar