Sí, por supuesto que es necesario purgar al conjunto de funcionarios y empleados de la SAT para que los que hacen bien su trabajo y con probidad no tengan que realizarlo en medio de las manzanas podridas. Y también es necesario que las sanciones aplicables a los partidos políticos que transgredan el marco legal dentro del cual deben operar, sean suficientemente disuasivas.
Esas recomendaciones se han recibido de la representación diplomática del gobierno de los Estados Unidos, en cuando a la SAT, y del señor Zovatto, en lo que a las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos concierne.
Ahora bien, cuando la SAT se organizó hace apenas un par de décadas el primer paso fue la depuración del personal de la antigua administración tributaria. La idea fue que solamente pudieran pasar a la SAT quienes fueran verdaderamente competentes y probos. Pero aquella purga no fue suficiente. No lo fue porque, con el paso del tiempo, algunos de los integrantes de la nueva administración tributaria, quizás tentados por las mafias del contrabando, quizás seducidos por la idea de hacerse ricos rápidamente, descubrieron un elemento clave: la “expectativa de impunidad”.
Del lado de los partidos políticos, las cosas son un poco más complicadas pues, en cierto modo, son ellos mismos quienes deciden a qué régimen legal han de quedar sometidos. Por lo tanto, ya desde un primer momento las probabilidades de que las reglas se conciban adecuadamente, disminuyen. Pero la LEYPP debe pasar por el tamiz de la Corte de Constitucionalidad y requiere de una mayoría calificada de dos tercios, con lo cual uno esperaría que los partidos minoritarios buscaran contar con un Tribunal Supremo Electoral fuerte, que los defendiera de los posibles abusos de los partidos mayoritarios. Así, la LEYPP no es perfecta, pero realmente el elemento clave de su aparente fracaso está, una vez más, en esa “expectativa de impunidad”.
Nuestro régimen político requiere de una reforma importante, no tanto, creo yo, a nivel de la LEYPP, sino del modelo mismo. En posterior oportunidad quisiera plantear la conveniencia de abandonar la mezcla de presidencialismo y parlamentarismo que tenemos, por un sistema propiamente parlamentario. Por el momento, lo que me interesa señalar es que la reforma más urgente es la jurídica. Más específicamente, la del Poder Judicial.
El TSE fue, cuando iniciaba sus funciones, un bastión de la democracia nacional y la SAT consiguió elevar la recaudación a niveles que la antigua administración tributaria jamás soñó. Pero en ambos casos se produjo un proceso de deterioro institucional acelerado debido, principalmente, a esa “expectativa de impunidad” que, sin lugar a dudas, tiene su causa principal en las debilidades crónicas del Poder Judicial del Estado.
Cuando se presentan a lo largo de períodos de tiempo relativamente largos dos factores conectados causalmente, a saber: tentaciones muy grandes y una “expectativa de impunidad” cierta, es casi imposible que algunas las personas que operan en el sistema escapen a la seducción del dinero o del poder, o de ambos. Si quisiéramos, pues, que esta vez las depuraciones y las sanciones funcionen en el medio y largo plazos, hay que reformar el Poder Judicial.
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