Cuando los períodos de equilibrio son relativamente cortos y los de conflictividad se prolongan, la sociedad se empobrece en todos sus aspectos.
Creo que en la vida política del Estado “las aguas siempre encuentran su nivel”. Es decir, en un primer momento se consigue un equilibrio que, dependiendo de varios factores, un día llega a su fin. Se inicia así una etapa de conflictividad política que, dependiendo de otros factores, desemboca, normalmente, en un nuevo estado de equilibrio.
Cuando los períodos de equilibrio son prolongados y los de conflictividad son breves, hay cabida para que la sociedad prospere y se acumule capital. Tanto el capital humano como también el propiamente económico. Por el contrario, cuando los períodos de equilibrio son relativamente cortos y los de conflictividad se prolongan, la sociedad se empobrece en todos sus aspectos.
¿De qué depende que los períodos de equilibrio sean o no extensos? Esto depende, a mi parecer, de que se respete por los poderes públicos la libertad individual de los ciudadanos. Cuando un ciudadano es libre de pensar y expresar lo que piensa, de ir y venir, de disponer de sus bienes, de obligarse o adquirir derechos, etcétera, se consigue esa estabilidad indispensable para que la sociedad prospere.
¿Y de qué depende que se respete la liberta individual? Esto depende, en mi opinión, principalmente, de la existencia de un Poder Judicial verdaderamente independiente. En efecto, cuando a un ciudadano se le viola o restringe cualquiera de las dimensiones de su libertad individual, no existe más remedio que acudir al Poder Judicial. Y esto es así porque la libertad individual, en el Estado moderno, es “libertad bajo la Ley”. Entendiéndose por “Ley” un conjunto de reglas generales, abstractas y de igual aplicación. Esas leyes pueden también articular los medios necesarios para que, quienes no puedan valerse por sí mismos, gocen del respaldo solidario de la sociedad en que viven. Ese respaldo puede ser tanto voluntario como también mandado por la Ley, como sea justo y oportuno.
Por eso me lamento tanto de que, según declaraciones del Presidente del Congreso, este año no haya lugar para una reforma constitucional de la justicia del país. No digo que tenga que ser una de las propuestas de reforma ya existentes. No. Puede ser otra propuesta. Lo verdaderamente importante sería que recoja ese consenso que, según creo, sí existe en torno a la necesidad de estatuir una verdadera Carrera Judicial.
Hay varios modelos exitosos alrededor del mundo, de los que pueden tomarse los elementos fundamentales, sin menoscabo de los aportes de los juristas nacionales que, como la justicia es una noción de contenido universal, necesariamente han de converger en el mismo objeto: la independencia judicial, madre de la imparcialidad.
De otra manera los equilibrios seguirán siendo cortos, precarios y basados en intereses sectarios. Esa misma situación seguirá dando lugar a procesos de conflictividad social y política prolongados. Toda la sociedad sufrirá las consecuencias, pero sobre todo los pobres. Los que no encuentran más remedio que emigrar ilegalmente huyendo de las extorsiones, de la violencia, de la corrupción.
La reforma es posible. Guatemala puede renovarse y relanzar su Poder Judicial. Sus ciudadanos pueden conseguirlo, cada quien en el rol que le toque jugar.
Eduardo Mayora Alvarado
Doctor en Derecho y profesor universitario.
“eduardomayora.com”
Guatemala 18 de enero de 2018.
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